Mejor un debate informado

Esta es mi respuesta (publicada hoy en La Nación) al artículo de don Jorge Guardia, la que de paso podría servir como explicación a don Rodolfo Rodríguez, quien dejó, cosa que le agradezco, un extenso comentario en el blog:

Me veo obligado a aclarar algunas afirmaciones que hace don Jorge Guardia en su columna del 22 de julio, relacionadas a mi artículo “Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos”, publicado en este medio el pasado 16 de julio.

Primero yo no sugiero, ni directa ni indirectamente, que el funcionario público es mal pagado porque no da la talla. Lo que dije y reafirmo es que en parte porque personas como don Jorge y sus compañeros libertarios se han opuesto fervorosamente al aumento de la carga tributaria, no es posible pagar mejores salarios en la administración pública. Y eso hace que cuando se quiera contar sobre todo con la experiencia y el conocimiento especializado, se deba acudir a consultores. Es lo mismo que hacen las empresas o instituciones que contratan a don Jorge como consultor, sin que haya nada ilegal o inmoral en ello.

Segundo, los fondos de cooperación internacional no se utilizan sin control, porque para que los organismos donantes otorguen estas ayudas se suscriben convenios en los que se establece claramente el destino que se le dará a esos recursos. Los más interesados en que se haga un buen uso de los fondos de cooperación son los donantes mismos; por eso se establecen en esos convenios los objetivos que se desean alcanzar, así como los servicios que deben contratarse y bajo qué condiciones.

Tercero, don Jorge trae a colación una parte de un pronunciamiento de hace tres años en el que la Procuraduría valora como públicos los recursos recibidos en una donación. Pero don Jorge parece ignorar –o pretende ignorar-, que no todos los fondos de cooperación constituyen donaciones como la que se menciona en este pronunciamiento de la Procuraduría. Precisamente la donación de “dineros”, como se le denomina en otra sección del mismo dictamen, es extremadamente inusual, siendo lo común el establecimiento de programas de cooperación en las que los fondos NO son administrados por los gobiernos porque NO se otorgan en la forma de dinero contante y sonante que entre a las arcas del Estado. La fórmula habitual con este tipo de ayuda de cooperación es que se presenta un proyecto para la aprobación del donante, se firma un convenio en el que se designa un ente administrador de los fondos, así como un procedimiento para el giro de los mismos y se ejecuta el proyecto según los objetivos definidos y en lo ámbitos especificados en el convenio. Si don Jorge quisiera informarse más sobre el tema puede acudir a las entidades cooperantes establecidas en el país o a las múltiples organizaciones no gubernamentales que funcionan bajo este esquema.

Sobre esta forma de ejecutar la cooperación existen repetidos pronunciamientos de la Contraloría General de la República e incluso de la Sala Constitucional avalando la administración de los fondos sin que ingresen al presupuesto público, aunque, y en esto debo ser muy enfático, eso no significa ni por asomo, que los recursos se utilicen sin ninguna clase de control, pues todos los programas de cooperación son auditados nacional e internacionalmente de manera regular.

No hay, en consecuencia, un uso solapado de fondos públicos al margen de la ley. No es posible, como temerariamente afirma don Jorge, que los ministros hagamos lo que nos da la gana con esos recursos de cooperación, dado que hay convenios que regulan su uso. Don Jorge puede considerar que ciertas contrataciones no son pertinentes o necesarias, pero de ahí a decir que hay algo ilegal solo puede ser motivado por la ignorancia o por la mala intención.

Quisiera reiterar, como lo dije en el artículo anterior, que es posible mejorar procedimientos. Casualmente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en conjunto con la Cancillería, ha venido elaborando desde hace varios meses un decreto de reglamento para facilitar y reorganizar la gestión de la cooperación internacional. Pero, como también lo dije ahí, esto no será factible si no se sitúa la discusión en una perspectiva informada, sin trivializarla acudiendo a símiles futbolísticos más apropiados para una gradería de sol que para el debate de temas de relevancia nacional.

Respuesta de Jorge Guardia a mi artículo

Don Roberto J. Gallardo , ministro de Planificación, tuvo la osadía de defender el uso solapado de millones de dólares donados al Estado, bajo el pretexto –inaceptable- de ser recursos privados ajenos a todo escrutinio. Incurrió en graves errores de derecho y moral. Y ofendió la dignidad de los funcionarios públicos. Tarjeta roja.

Sugirió (indirectamente) que los servidores públicos no son competentes para realizar tareas delicadas ni están a su altura. En su visión, no dan la talla. Por eso son mal pagados. Y prefiere contratar, bajo la mesa, otros “personajes” más doctos, sabidos y sabihondos y mejor pagados -mucho mejor- sin la incómoda fiscalización de la Contraloría. Yo no había visto mayor ofensa ni peor menosprecio al servidor público costarricense.

Don Roberto clama por seguir repartiendo consultorías bajo el predicado de que el derecho privado da mayor celeridad. Aunque fuera cierto, su pretensión debe ceder ante un principio del Derecho Público esencial: no dejar a la libre disposición del gobernante de turno los recursos públicos sin la debida inclusión presupuestaria ni la respectiva fiscalización. Él, evidentemente, lo ignora. Sólo le faltó proponer eliminar el trámite de licitaciones para abandonar las contrataciones del Estado al mero derecho mercantil. Imagínense el festín que armarían los zumbados de este mundo.

Sostener que las donaciones del BCIE y Taiwan (a quien primero le sacaron el dinero y después le patearon en el trasero) son privadas y los ministros pueden hacer de ellas lo que les venga en gana -desde contratar a funcionarios ya en planilla (para favorecerlos con sobresueldos), mensajeros, secretarias y cantantes (para amenizar las noches de don Oscar), hasta engrosar las ganancias de entidades vinculadas a algún ministro-, es ilegal e inmoral. Eso permitió desviar fondos donados para viviendas a consultorías de allegados políticos. Gallardo los defiende. Yo no. Me dan nauseas.

Prefiero ceñirme al criterio de la Procuraduría General de la República del 2005: “Se requiere que los fondos donados sean incorporados al presupuesto de la entidad correspondiente, a efecto de administrarlos con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales establecidas para la administración de fondos públicos. A partir de que los fondos donados ingresen al patrimonio del organismo público no pueden ser administrados por terceros, salvo una autorización expresa del ordenamiento”. Yo agrego que es lo más sano. Si trataron de que el BCIE los administrara directamente para evadirlo, sería una burda triquiñuela formal para violar el fondo de la ley. Y también merece tarjeta roja.

Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos

Comparto con ustedes mi artículo "Consultorías, salarios del Estado y fondos públicos" publicado en el períodico La Nación el pasado 16 de julio, sobre un tema que ha dado tanto de que hablar, desafortunadamente en medio de una gran ignorancia, en los últimos días:

En su columna semanal del pasado martes 8 de julio , don Jorge Guardia hace algunas afirmaciones respecto al tema de las consultorías, que me parece requieren un comentario, en aras de precisar adecuadamente el ámbito de una discusión que creo merece mejores argumentos.

Una consultoría es, en su sentido más básico, una contratación de servicios. Estos servicios pueden ser de naturaleza intelectual o manual; en ambos casos acudimos a una “persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente” (definición de ‘consultor’ en el Diccionario de la Real Academia). Cuando llevamos nuestro vehículo al mecánico, estamos de hecho contratando una consultoría. Dicho de otra manera, cuando se requiere asesoría en materias en las que no se cuenta con el conocimiento requerido, dada su especialización o amplitud, se acude a los consultores.

Pago de consultores. Pero, casi por definición, el conocimiento especializado es difícil de encontrar, y don Jorge, que entiende de estas cosas mejor que yo, sabrá que, cuando un bien es escaso en el mercado, su precio tiende a subir. Nada sería mejor que el Servicio Civil tuviese categorías salariales que retribuyeran la experiencia, la especialización y el conocimiento de los consultores contratados, pero en esta Costa Rica que no termina de resolver el dilema de querer contar con los mejores en la función pública, pero a la vez no estar dispuesta a pagar por ello, eso es sencillamente inviable. Mejor esperar sacrificios personales que meterse la mano a la bolsa y pagar más impuestos, cosa a la que, por cierto, don Jorge se ha opuesto con ferocidad siempre.

En este contexto, para contar con la ayuda de expertos especializados y de trayectoria, que aporten su experiencia y conocimiento a la gestión pública, es necesario acudir a las consultorías. No es razonable pedirle a una persona que acepte un puesto en el Gobierno en el que su salario será apenas una fracción de sus ingresos habituales. Don Jorge cree que los sueldos del Estado no son malos; si fuera así, probablemente todavía estaría trabajando en alguna dependencia del Estado y no dedicado al ejercicio liberal de su profesión, la que me imagino le ha deparado contratos de consultoría acordes con su trayectoria y formación.

El caso del presidente de la Corte y de la Contralora, citados por don Jorge como ejemplo de buenos funcionarios, es aun más meritorio cuando se los valora a la luz del salario que reciben, a todas luces insuficiente para retribuir adecuadamente su preparación, y muy por debajo de los ingresos que obtienen sus pares en otros países.

Fondos de naturaleza privada. La otra idea sobre la que se sustenta la columna de don Jorge es que los fondos del BCIE son públicos. Esto no es cierto y existen pronunciamientos específicos de la Contraloría respecto a la naturaleza privada de este tipo de recursos, tutelados por convenios internacionales. Si existiera un cambio de criterio en este aspecto y se consideraran públicos los recursos de la cooperación internacional no reembolsable, probablemente se produciría una disminución drástica de los montos que por este rubro recibe el país.

Lo menos que necesita una organización de ayuda es que sus recursos terminen en la caja única del Estado, en contraposición a una de las aspiraciones principales de este tipo de entidades, que es precisamente que se manejen con agilidad. Esto no significa que se manejen irresponsablemente, pues es práctica obligatoria que los programas de cooperación sean auditados regularmente, tanto a nivel nacional como internacional.

Pero, además, si estos fondos son públicos en función del ámbito en que se utilizan, habría que incluir en este mismo saco a todas las ONG que con financiamiento de recursos de cooperación no reembolsable atienden problemas públicos. ¿Estarán dispuestas las organizaciones ambientales, de atención a la niñez, de vivienda, de problemas de drogas, etc., a que sus recursos vayan a la caja única del Estado? ¿Que tengan que someterse a todos los procedimientos que hacen tan engorrosa la acción pública (lentitud que en muchos casos justifica la existencia misma de esas organizaciones)?

Lo demás que se afirma en esta columna es producto de la imaginación de don Jorge: que estas contrataciones constituyen pagos de “favores políticos”, acusación bastante temeraria que representa una generalización inaceptable; que son parte de “triquiñuelas políticas” para aprobar las reformas tributarias que tanto desvelan a don Jorge, tanto que termina viendo fantasmas donde no los hay.

No tengo dudas de que es posible mejorar procedimientos, pero no lo haremos si no planteamos el tema de manera correcta, sin acudir a la descalificación personal, que denota una gran arrogancia, ni a la acusación temeraria, que daña honras gratuitamente.

Empezar de nuevo

Hace unos meses y por alguna razón desconocida, mi cuenta de correo Gmail fue eliminada. Como consecuencia de esto, mi anterior blog, "roberto-gallardo.blogspot.com" terminó desapareciendo, dado que no podía actualizarlo. Mas o menos en esa misma época asumí mis nuevas responsabilidades como Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, por lo que en ese momento no tuve tiempo para ocuparme de reactivarlo.

Pero lo cierto es que me quedó la espinita de tener nuevamente un espacio de este tipo, . Así que aprovecho esta lluviosa tarde santaneca para crear de nuevo el blog, esta vez con el nombre rgallardo.blogspot.com, y ver si puedo sacar ratitos y compartir con quienes visiten este sitio algunas reflexiones, documentos y noticias sobre la coyuntura nacional e internacional.

Mi anterior experiencia fue muy positiva en términos de audiencia, dado que tenía una buena cantidad de visitas mensuales. Ojalá en esta nueva etapa pueda ir generando otra vez una audiencia, no solo tan numerosa, sino además tan combativa como la que tuve antes. Ya veremos.