Noticia sobre inflación en América Latina

En todos lados se cuecen habas. Algunos creen que la inflación en Costa Rica es un fenómeno local. Pero según esta información de la agencia de noticias ADITAL, lo que pasa aquí está pasando en toda América Latina. Y precisamente una combinación articulada de medidas de política monetaria y política fiscal, como se ha venido haciendo en el país, es lo que se necesita para paliar los efectos de la inflación de origen exógeno.

Cepal: armonía entre política monetaria y fiscal es solución para inflación

La Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgó hoy (28) el Estudio Económico de América Latina y del Caribe 2007 -2008. El estudio constató que el fenómeno de la aceleración inflacionaria afecta a casi toda la región y presenta varios problemas y dilemas políticos a los gobiernos.

El principal desafío es el combate de la inflación "importada" por el aumento de los precios de ciertos productos básicos, como el petróleo y los alimentos. El informe señala que, después de continuas caídas desde 2002, la inflación en América Latina y el Caribe subió a 6,5% en 2007. En junio de 2008, acumuló un alza de doce meses de 8,9%.

La Cepal afirma que el impacto del alza de precios ha sido mayor en las naciones emergentes que en los países desarrollados. En Brasil, Perú y México, el impacto de la inflación fue relativamente menor que en otros países latinoamericanos. Los índices de inflación de la región varían entre 5% y 32% en junio de 2008, mientras que el aumento de los precios de los alimentos en la región acumula un 15,7%, en el mismo período, después de registrar un incremento del 10,7% en 2007.

El alza de la inflación genera diversas preocupaciones, de acuerdo con la Cepal. Primero, afecta en forma desproporcionada a la población de menores ingresos a causa del impacto de los aumentos de los precios de alimentos y combustibles. En segundo lugar, la inflación provoca incertidumbre, deteriorando el clima para la inversión y el crecimiento a largo plazo. Además, las políticas antiinflacionarias pueden acarrear importantes costos a corto y mediano plazo, términos de crecimiento y empleo.

Según el estudio, para enfrentar esa situación, diversos países de la región terminaron por adoptar una política monetaria más restrictiva. También demostraron que la política fiscal debía poner el énfasis en el combate de la inflación, por medio de reducciones del ritmo de expansión de gastos, de impuestos y de introducción de subsidios o mecanismos compensatorios para el alza de los precios externos.

El Estudio económico 2007-2008 destaca el dilema: dado el carácter "importado" de gran parte de la inflación actual, el control de la demanda interna contribuirá a reducir la propagación de la inflación externa al resto de la economía, pero será difícil evitar que afecte el nivel de actividad.

Teniendo en cuenta esto, la Cepal postula que el éxito de la lucha antiinflacionaria requiere la armonización de los objetivos de política fiscal y monetaria. Para la entidad, si solamente se recurre a aumentar la tasa de interés para controlar la demanda agregada, el aumento necesario puede resultar exageradamente alto, con efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento futuro.

La Comisión indica que, en contextos de fluctuación libre del cambio y de libertad de los flujos de capital, la apreciación de la moneda inducida por altas tasas de interés repercutirá negativamente sobre la competitividad de los sectores exportadores y substitutivos de importaciones. De esta manera, propone la creación de un espacio fiscal que asegure el financiamiento de los programas que se orienten hacia la reducción de la pobreza, hacia la formación de capital humano y hacia el aumento de la dotación de infraestructura.

El pronunciamiento de la Procuraduría y el Estado que queremos

No hay duda que otros elementos deben ser tomados en cuenta en la discusión del tema de las consultorías que tanto morbo ha despertado en las últimas semanas. Pero sin duda la naturaleza de los fondos utilizados para la contratación de esos servicios profesionales es un punto de innegable relevancia. Que la Procuraduría haya reafirmado el carácter público de estos recursos confirma lo que el Gobierno ha venido sosteniendo, y contradice directamente las conclusiones temerarias que de algunos malinformados (o malintencionados) en los medios de comunicación. A partir de este informe de la Procuraduría, el debate debería orientarse en otra dirección.

Más allá de los nombres y los montos, el punto más importante en toda esta discusión es por qué el Gobierno debe acudir a este tipo de mecanismos para contratar a personas con el conocimiento especializado. Nuestro Estado se encuentra cercado por un ordenamiento jurídico pensado para controlar y no para facilitar la ejecución de las políticas públicas. Pero además está rodeado de un gran escepticismo y desconfianza en el funcionario público. En el ambiente imperante en este país desde hace ya muchos años (espoleado por intereses políticos de algunos actores sociales y partidistas), sostener que el Estado debe remunerar mejor a sus funcionarios y que deben racionalizarse sus controles para agilizar la acción pública es prácticamente una herejía. Si la ciudadanía no esperara políticas públicas, es decir, si no esperara nada de su Gobierno, no tendría mayor importancia mantener la situación actual. Pero los bienes y servicios que provee el Estado constituyen una parte esencial de lo que ha distinguido a este país en el concierto de las naciones, y es en gran parte lo que nos permitirá ahora, como lo ha hecho en el pasado, paliar los efectos de las crisis internacionales, sobre todo en las clases más vulnerables. Y la gente reclama esos servicios, y se decepciona profundamente cuando no los obtiene con la urgencia y calidad que necesita. Hay también ineficiencia y falta de compromiso. Pero principalmente esto se debe a los obstáculos que enfrentan los poderes públicos de un marco jurídico que muchas veces se ha modelado a partir de respuestas emocionales a coyunturas particulares.

Esta es la discusión verdaderamente importante, una que no podemos seguir evitando. Tenemos que resolver como país la disyuntiva de querer contar con mejores servicios y no dotar al Estado de los recursos, económicos y legales, requeridos para proveerlos. De este debate de fondo bien puede derivarse la sociedad costarricense del futuro.

Otro acertado editorial de Democracia Digital

Las noticias del fin de semana

Para producir el resumen de noticias que normalmente nos ofrecen los canales de televisión los fines de semana no parece necesario ser periodista. Con tener una unidad móvil a la entrada de la sección de Urgencias de cualquier hospital es suficiente. Es eso o monitorear las frecuencias policiales para enviar un camarógrafo a la escena del crimen o de la colisión del momento.

Luego se agrega una descripción literal de la escena del incidente, se dan los nombres de los involucrados, se insertan algunas crípticas declaraciones de policías, paramédicos y oficiales de tránsito y con eso se tiene el programa de las 6:30 de la noche. Pareciera que no hay otro tipo de noticias el fin de semana, incluso a nivel internacional. Al ver este desbalance noticioso, queda la impresión de que los periodistas no quieren hacer su trabajo, y simplemente optan por la vía más fácil que les permite rellenar sin esfuerzo los treinta minutos que duran estos resúmenes de noticias.

Afortunadamente todavía quedan periodistas como Marcelo Castro. El experimentado presentador de Telenoticias fue el responsable del resumen de noticias del domingo anterior, y al contrario de la emisión monotema que caracteriza estos programas, Castro produjo un programa equilibrado en donde se percibía el esfuerzo de buscar información más allá del recurso fácil de la nota roja. Muchos de sus jóvenes colegas deberían poner atención.

Es frecuente escuchar que los medios de comunicación transmiten las noticias que le interesan a la gente. El carácter dual de esos medios, que son a la vez servicio social y empresas con fines de lucro, genera una tensión que normalmente se resuelve a favor de la noticia de impacto. Se asume que eso es lo que quiere ver la gente, pero como lo demostró Marcelo Castro el fin de semana, vale la pena intentar educar a los televidentes, no aplicar el principio del mínimo esfuerzo o seguir a la masa sin ningún criterio. Los medios tienen un responsabilidad social ineludible y deben asumirla sin excusas.


No se trata, como frecuentemente lo afirman los periodistas cuando se cuestiona este sesgo informativo, de invisibilizar ciertas noticias. Se trata de balancear el contenido de un servicio de información que para ser fiel a la realidad debe tratar de incluir su diversidad. Se trata de balancear, finalmente, el servicio social con la naturaleza empresarial de los medios.

Consultorías, cooperación internacional y racionalidad del Estado

Como corolario del desafortunado intercambio que tuve con Jorge Guardia, el que terminó dada la insistencia de Guardia de centrar la discusión en (insultar) personas y no sobre los temas, me parece que el editorial de esta semana de Democracia Digital (www.democraciadigital.org) resulta tremendamente esclarecedor, por lo que lo comparto con ustedes:

Consultorías, cooperación internacional y racionalidad del Estado

En 1513 al publicar El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, haría célebre la figura de la consejería política, preocupado como estaba por el tema de la unificación del poder en Italia y el manejo organizado del mismo. La literatura política consagra también el tema de la eminencia gris, esto del consejero que, de una manera poco ostensible, inspira las decisiones de un personaje. Originalmente la frase refería a François Leclerc du Tremblay, la llamada mano derecha del Cardenal Richelieu.

En tiempos de especialización de los saberes de los consejeros de las cortes y gobernantes republicanos pasamos al linaje de los consultores y consultoras que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua española son personas expertas en una materia sobre la que asesora profesionalmente (tercera acepción del vocablo).

La palabra sugiere una figura respetable. Sin embargo, en la Costa Rica actual la misma adquiere una carga negativa –al igual que muchas otras, entre las que pueden citarse pacto y concertación– en virtud de las denuncias sobre el uso de recursos del BCIE y de la cooperación taiwanesa, manejados ambos por esa entidad, para financiar servicios de consultoría a la Presidencia de la República y al Ministro Rector del sector social y lucha contra la pobreza, respectivamente.

Por la confusión generada sobre el fondo de ambos asuntos por la prensa y los medios de comunicación parece prudente guardar distancia y esperar las conclusiones y recomendaciones de la Contraloría General de la República, que se ha visto compelida a actuar con sentido de urgencia, mientras algunos actores claman por la rápida judicialización del asunto, una tendencia bastante extendida en el tejido social costarricense

Bajo esta perspectiva y respetuosos del marco institucional costarricense en Democracia Digital esperaremos el análisis del órgano contralor, así como del control político en la materia activado por la Comisión legislativa permanente de ingresos y egresos del Estado. Sin embargo desde ya nos parece clave plantear una discusión de fondo sobre rol y marco normativo de la cooperación internacional así como respecto de la racionalidad del Estado en cuanto al manejo de recursos que como los de cooperación tienen repercusiones en lo público pero no pueden, por definición, ser conceptualizados como tales.

La cooperación internacional viene en declive en el país. Para el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se estimaba una reducción en el orden del 20% en comparación con el nivel alcanzado a niveles de los noventa. Buena parte de la cooperación internacional, especialmente la no financiera, se canaliza mediante acciones de asistencia técnica que involucran la participación de consultorías tanto nacionales como internacionales. Satanizar las consultorías, como se ha venido haciendo en los últimos días, puede generar un efecto de corrida de fuentes de cooperación aún necesaria para el país en virtud del clima hostil que se podría estar presentando para negociar planes, programas, proyectos y acciones de asistencia técnica. El riesgo es real y puede significar la pérdida sensible de mecanismos de apalancamiento de iniciativas y proyectos de desarrollo (infraestructura, de corte social, de protección del medio ambiente, entre otros) de gran escala

Y este tema nos lleva al de la racionalidad del Estado, tanto en relación con el aprovechamiento estratégico de los recursos de cooperación internacional en armonía con los Planes Nacionales de Desarrollo como respecto al fortalecimiento de sus recursos humanos. Sin duda, diversos procesos, incluyendo la llamada fuga de cerebros de los mejores cuadros gerenciales y técnicos del Estado hacia el sector privado han debilitado las capacidades de respuesta del aparato estatal en diversos ámbitos del desarrollo. En busca de alternativas, de manera abusiva, se ha recurrido a la contratación de consultorías satisfactoras de necesidades que deberían ser propias de funcionarios competentes en los Ministerios de línea y a lo largo del espectro institucional. Es tiempo también de repensar esta situación a efectos de elevar el perfil de las políticas de reclutamiento y gestión de recursos humanos, incluyendo la restauración del significado profundo de la consultoría como asesoría al más alto nivel, lo cual encontramos válido para los tres Poderes del Estado.