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lunes, 20 de septiembre de 2010

Pronunciamiento del Consejo Universitario condenando -al fin-, las prácticas intolerantes en la Universidad de Costa Rica

Les confieso que pensé que nunca vería un pronunciamiento como este. Tal vez ahora esos pocos pseudointelectuales que seguían haciendo gimnasia retórica para no condenar a esta gente por fin lo haga. Pero en realidad eso no es importante. Lo importante es que, por fin, el Consejo se pronuncia sin vacilación. Me habría gustado ver este texto en los principales periódicos del país tal y como otros acuerdos, sobre una multiplicidad de temas, que fueron profusamente divulgados, pero la verdad es que me conformo con esto por ahora!

Un grupo importante de estudiantes es en gran parte responsable de esto. Esos 4000 muchachos y muchachas que según la Presidenta de la FEUCR no son nada, y que se pronunciaron firmemente en contra de prácticas que los denigraban como universitarios, tienen que sentirse satisfechos y celebrar que las autoridades de la Universidad se decidieron por fin a acuerparlos. Pero además que estos jóvenes valientes se decidieron a pronunciarse, se negaron a que los identificaran con el extremismo, la intolerancia, el desconocimiento de la realidad. Hay esperanza en la UCR. Felicidades muchachos!!

Pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos el 26 de agosto de 2010

(Acuerdo firme de la sesión N.º 5474, martes 7 de setiembre de 2010)

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1) La Universidad de Costa Rica, a lo largo de sus siete décadas de existencia, ha cumplido la promesa fundacional de constituirse en una institución de educación superior, autónoma y democrática, tal como lo señala el artículo 1 de su Estatuto Orgánico.

2) En la constitución autónoma y democrática de nuestra institución, ha sido sustantivo el desarrollo de la Universidad como espacio de convivencia, según lo establece el artículo 4 inciso e) de su Estatuto Orgánico:

“e) Respeto a las personas y a la libre expresión: Garantizar, dentro del ámbito universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo.”

3) Los medios con los cuales la Universidad ha generado una cultura de tolerancia han sido el respeto a la diferencia y el diálogo para resolver las discrepancias, instrumentos consustanciales en la práctica universitaria, y a los cuales se refirió de forma lúcida el ex Rector, Lic. Rodrigo Facio Brenes, en su llamado a la comunidad universitaria en 1960:

“(…) la pequeña república universitaria, forja las virtudes de la absoluta libertad, para todas las personas, completa tolerancia para todas la ideas, diálogo constructivo, responsabilidad acrisolada, selección ética de los medios, preocupación por los problemas verdaderos, esas mismas virtudes que quisiéramos ver prevalecer, sin excepciones ni debilitamientos, en el escenario de la política nacional.”

4) El jueves 26 de agosto del 2010, día del 70.° aniversario de la Universidad de Costa Rica, y en momentos en que el Consejo Universitario, en su sesión N.º 5470, consideraba otorgar audiencia a representantes de la FEUCR y del SINDEU, un grupo de personas irrumpió, mediante el uso de la fuerza, en la sala de sesiones e impidió la salida, durante más de tres horas, a la señora Rectora, a la mayoría de los miembros del Consejo Universitario y al personal de apoyo. Durante este tiempo de retención, además de dañar bienes públicos, dicho grupo coaccionó física y verbalmente a la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado, en particular, a la señora Rectora.

5) Ni las autoridades de la Universidad de Costa Rica ni sus sectores organizados han recurrido a la retención de personas como medio para conseguir sus objetivos. Las distintas manifestaciones de protesta, así como la resolución de las diferencias por medio de la negociación, han seguido un patrón de respeto a la libertad, a la dignidad y a la vida humana, así como a los bienes públicos, acuerdo básico de convivencia y práctica universitaria.

6) La Universidad de Costa Rica siempre ha sabido distinguir la protesta social legítima de actos de vandalismo, de daño a los bienes públicos, de agresión a la integridad y a la vida de las personas. Cuando estas acciones ilegítimas han tenido lugar en el país, la comunidad universitaria y sus autoridades las han condenado y repudiado sin ambages.

ACUERDA:

1) Condenar enfáticamente los actos de agresión que tuvieron lugar el jueves 26 de agosto del 2010, contra la mayoría de los miembros del Consejo Universitario, la señora Rectora y el personal administrativo que labora en el edificio administrativo B-C.

2) Rechazar el uso de la coacción, la retención física, el insulto y la ofensa personal como formas de lograr cualquier objetivo o de manifestar alguna diferencia con otros sectores de la misma institución.

3) Solicitar a la Administración que evalúe los daños a los bienes institucionales, se establezcan las responsabilidades pertinentes y se inicien los procedimientos que indiquen los reglamentos universitarios.

4) Instar a la Rectoría para que promueva la reflexión sobre el proceso de negociación del FEES y el diálogo entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria, con el objetivo de lograr aprendizajes y determinar los desafíos para la Universidad de Costa Rica y para la Educación Superior Pública.

5) Divulgar ampliamente este acuerdo en los medios de comunicación universitarios.

ACUERDO FIRME.

Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
DIRECTOR
CONSEJO UNIVERSITARIO

viernes, 10 de septiembre de 2010

Investiguen lo que quieran, pero no hagan circo

Recientemente se integró una comisión legislativa para "investigar las concesiones", un objetivo bastante ambiguo que sin embargo presupone que hay algún tipo de irregularidad que amerita una "investigación" legislativa. La preocupación de los diputados nace de la queja de algunos exportadores sobre el proceso de concesión del nuevo puerto de Moín, sobre todo con aquellos aspectos relacionados a los cambios que sufrió el cartel de licitación y que solo se haya presentado una compañía, implicando de alguna manera con esto que el cartel se "adecuó" para favorecer a esta empresa.

De octubre de 2007 a mayo del 2010 integré, como parte de las responsabilidades del cargo que ocupé en el gobierno anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. Este cuerpo colegiado está integrado por 7 personas, que son los Ministros de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside; de Hacienda y de Planificación; el Presidente del Banco Central, y tres representantes de Colegios Profesionales, Sindicatos y Cámaras empresariales. Asiste además, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. La Junta es el órgano máximo del CNC, y le corresponde tratar todos los temas relacionados a concesiones y a iniciativas privadas en el país. Es una labor compleja, que incluye aspectos económicos, legales y sociales,pero que por esa complejidad resultó de lo más didáctica para mí, que aprendí sobre un montón de temas.

En el período que formé parte de este grupo se trató frecuentemente la concesión de Moín, como corresponde a un tema tan grande y delicado. Y porque estuve ahí, porque fui parte de este proceso, porque conocí a las personas que estuvieron involucradas y porque fui testigo del esfuerzo que todos en el CNC hacen para que las cosas se hagan bien, es que les digo que yo no tengo ningún problema que investiguen lo que quieran. Vayan y pregunten, revuelquen, pidan papeles, entrevisten a quien quieran. Para contestar las preguntas que tienen posiblemente habría bastado que convocaran al actual Ministro de Obras Públicas y Transportes al plenario para que les explicara con detalle el proceso sin necesidad de constituir un comisión investigadora, pero entiendo que algunos puedan creer que eso no es suficiente, sobre todo si no entienden bien el proceso.

Pero lo que uno quisiera, y en realidad lo que el país necesita, es una investigación rigurosa, completa, pausada y objetiva. Lo que uno no quisiera, y el país no necesita, es una comisión politizada que inicia su labor con criterios formados de antemano. El tema es lo suficientemente delicado para que aspiremos a que se analice con objetividad, con mente abierta y no se haga un uso distorsionado y/o parcial de la información para confirmar conclusiones preconcebidas, siguiendo aquella premisa que dice que si lo que yo pienso de la realidad no es cierto, pues mala suerte para la realidad.

Y que conste que no soy ingenuo: es claro que para algunos diputados la Comisión Investigadora es una oportunidad para anotarse algunos puntos políticos, de tener una cobertura mediática cuya frecuencia e intensidad tiene una relación directamente proporcional a la estridencia de sus denuncias, aun cuando no tengan fundamento real. Pero si la investigación se convierte en el circo que estoy seguro algunos quieren convertirla, todo mundo pierde: las personas cuyas honras sean machadas con acusaciones sin fundamento, la credibilidad de las comisiones legislativas como instancia de investigación sobre temas de importancia para el país,la opinión pública, que no contará con elementos adecuados para formar criterio, los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuyo profesionalismo, honestidad y dedicación pueden ser injustamente puestos en duda. Ojalá que no pase.