Me pidieron, en el evento al que asisto, que fungiera como relator de una de las mesas de trabajo, la dedicada al diagnóstico de la Administración Pública en la región. Comparto con ustedes el informe de relatoría que presentaré en la sesión plenaria que se celebrará más tarde. Recoge las intervenciones de los diferentes participantes, provenientes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, República Dominicana y Nicaragua.
- La pregunta que debe guiar cualquier valoración de la Administración Pública es ¿cuál es el aporte que la AP debe hacer en el proceso de desarrollo de un país?
- Para comenzar a responder esta pregunta, es imprescindible considerar algunos aspectos medulares, que son el resultado de un proceso de reforma de estado que se impulsó hace 30 años, que aunque se ejecutó desigualmente en los países de la región, es homogénea en sus consecuencias de debilitamiento institucional.
- Hay una crisis de legitimidad institucional, que incluye todos los ámbitos. Hay un descrédito de lo político y lo público, el Estado está arrinconado.
- Una tendencia al hiperlegalismo como respuesta a la corrupción en el sector público, ha resultado en un inmovilismo que en mucho es consecuencia de controles excesivos de la acción pública, pero que también proviene de la inseguridad en la que se encuentra el funcionario público ante un marco legal profuso y en muchos aspectos confuso, que opera en contra de la posibilidad de decidir oportunamente. La relativización de la ley potencia la interpretación y genera incertidumbre en la acción pública, incidiendo directamente en la calidad, pertinencia y oportunidad de los servicios.
- Hemos buscado otros actores que suplan al Estado por su ineficacia. El resultado neto de este esfuerzo ha sido, de manera mas o menos generalizada en la región, un reforzamiento del escepticismo y la desesperanza ciudadana, así como un factor desestimulante de la participación social, ante la virtual desaparición del estado de diferentes ámbitos de la vida nacional.
- Pese a lo anterior, la articulación de intereses usualmente de carácter locales o gremiales ha resultado en la participación de grupos específicos, que plantean demandas especializadas que la Administración Pública no necesariamente tiene la capacidad de atender.
- Se agrava aun mas esta debilidad por la tendencia histórica de cambiar cada cuatro años tanto políticas como funcionarios, lo que no permite la construcción de capacidades a largo plazo.
- La elección de lo que el Estado puede aportar no es del todo voluntaria: la globalización ha impuesto ciertas reformas que no solo limitan las posibles respuestas a la pregunta anterior, pero que constituyen en la práctica una limitación a la soberanía nacional.
- También es necesario considerar la presencia de poderes fácticos que operan al margen de la institucionalidad formal pero influyen de manera real en el proceso de formulación de políticas públicas
- Finalmente, cualquier diagnóstico debe sustentarse en indicadores verificables, que permitan valorar el impacto de las reformas que se planteen
- Pero además es imprescindible incluir ciertos ámbitos que tienen una incidencia directa en las posibilidades de definición de la administración pública del futuro:
o Hay un componente ético, un conjunto de valores, paradigmas y modelos que confluyen y se concretan en la forma que adquieren las instituciones. No es posible debatir sobre las posibilidades reales de reforma y revitalización de la Administración Pública sin considerar este aspecto
o De la misma manera, no es posible discutir sobre el rol de la Administración Pública sin considerar la imperiosa necesidad de incorporar la gestión de riesgo, ineludible en una región que, como la centroamericana, sufre frecuentemente los embates de la naturaleza.
o Hay retos inéditos que derivan de hechos singulares y que generan la necesidad de reformular la manera en que se proveen ciertos servicios. Un ejemplo evidente lo constituye la amenaza del narcotráfico.
o Las reformas del estado deben incluir la modificación de leyes que consolidan esquemas políticos no necesariamente democráticos. La reforma, entendida solo como un ejercicio administrativo que no valore el entorno político y social en el que se desempeñan las instituciones, siempre será insuficiente
o El debate sobre el rol de la administración pública será un debate vacío mientras no se le dote de recursos suficientes para que pueda asumir las responsabilidades que se quiera asignarle de cara a los restos del futuro.
o La necesidad de revitalizar la administración pública requiere que las normas que rigen su funcionamiento tengan rango constitucional o, que como mínimo, deriven de procesos de concertación social
