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miércoles, 26 de febrero de 2014

¿Pagó OAS las expropiaciones que el Gobierno acordó reemborsarle?

Con este sugerente título, el Semanario Universidad informa los resultados de una investigación que llevó a cabo este medio sobre el tema de las expropiaciones hechas como parte de la construcción de la carretera San José - San Ramón.  Se incluye una larga entrevista conmigo, la cual se transcribe parcialmente como parte de este reportaje, la que sin embargo no parece haber sido escuchada con atención por los periodistas que la hicieron.

¿Quién pagó las expropiaciones en la vía San José - San Ramón? CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones y un fideicomiso establecido para contar con recursos para pagar a los propietarios. A este fideicomiso tenía que contribuir la concesionaria de ese momento, que era Autopistas del Valle, no OAS. Del fideicomiso salían los pagos a los dueños de los terrenos, pero salían a nombre del Estado o alguna de las instituciones públicas mencionadas, NUNCA a nombre de la concesionaria. Y no podían salir a nombre de la concesionaria porque entonces la propiedad de esos terrenos sería de Autopistas del Valle y no del Estado. Por eso aparecen el CNC y CONAVI como las entidades que pagaron las expropiaciones y por eso NUNCA aparece el nombre de Autopistas del Valle ni de OAS como las que pagan.

¿Cómo sabemos cuánto dinero puso la concesionaria en el fideicomiso de expropiaciones? Del examen que hicieron, tanto la supervisora del contrato como la gerencia del proyecto, de los estados financieros de la concesionaria auditados por la firma Deloitte. No se trata de una cifra antojadiza, arbitraria y sin fundamento, sino producto de una auditoría hecha por una compañía de gran prestigio y analizada rigurosamente por la empresa supervisora del contrato así como por la gerencia del proyecto, ambas instancias contratadas por el Consejo Nacional de Concesiones. Creer que cifras como estas se pueden definir sin sustento legal y documental es ignorar como funciona la administración pública.

¿Por qué no se tiene los montos de cada una de las expropiaciones pagadas con recursos del fideicomiso? Porque los expedientes de cada una de las expropiaciones -así como todos los documentos relacionados con esta concesión-, que es de donde se puede obtener esa información, se encuentran en poder del Ministerio Público, incautado ante la infundada denuncia de una persona sobre la cual el Ministerio Público tiene la obligación de actuar. Pero la información este ahí y vamos a hacer la gestión para poder obtenerla, dado que el medio no hizo ese esfuerzo que habría resultado bastante esclarecedor.

¿Es cierto que no se contó con documentos de respaldo que certifiquen que esos pagos se hicieron en las 34 propiedades que fueron pagadas con el fideicomiso en el momento de la negociación del acuerdo conciliatorio? La cifra del aporte de la concesionaria al fideicomiso de expropiaciones ya se había aceptado como válida, sustentada en el análisis que la supervisora y la gerencia del proyecto hicieron a los estados financieros auditados por Deloitte en el 2009, como parte del proceso de definir las inversiones realizadas y no amortizadas por Autopistas del Valle. Este análisis se realizó en un momento en que parecía que no iba a ser posible seguir adelante con la concesión y se trataba de determinar cuáles serían los reintegros que debía hacer el Estado a la concesionaria para finiquitar el contrato, pero además sirvió como base para la negociación de la posterior cesión del mismo a OAS.

¿Hizo OAS algún pago por expropiaciones? Lo que hizo OAS fue pagarle a Autopistas del Valle, como parte del proceso de cesión del contrato, lo que el Consejo Nacional de Concesiones, con base en el informe de la supervisora y la gerencia del proyecto a partir de los estados financieros auditados por Deloitte, había aceptado ya como el monto que Autopistas del Valle había aportado al fideicomiso de expropiaciones. Ahora que se decide terminar el contrato de concesión con OAS, el Estado lo que está haciendo es reintegrando a OAS lo que le pagó a Autopistas del Valle, y que igual habría tenido que pagarle a ésta si no se hubiera cedido el contrato.

¿Por qué hay propiedades que aparecen como pagadas pero siguen a nombre de su propietario original? Cada caso debe ser analizado individualmente, pero muchas veces los propietarios no aceptan el avalúo que se hace de su propiedad y lo disputan en instancias judiciales. El Estado igual hace el depósito del monto determinado, pero no se entra en posesión de la propiedad hasta que se agote la vía judicial. Precisamente se presentó un proyecto de ley para permitir que el Estado entre en posesión de la propiedad una vez que hace el depósito inicial, aunque siga en disputa el valor calculado.

¿Hizo algún aporte OAS al fideicomiso de expropiaciones? No, porque para cuando se da la cesión del contrato las restantes expropiaciones se encontraban encaminadas, por lo que ya no era necesario. Cuando se dice que se está pagando $8,6 millones a OAS por concepto de expropiaciones, lo que se le está es reintegrando a OAS lo que le pagó a Autopistas del Valle por ese concepto, cifra que, como se mencionó anteriormente, fue determinada por análisis de la supervisora del contrato y la gerencia del proyecto hicieron de los estados financieros de Autopistas del Valle auditados por Deloitte.

¿Es cierto que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio destruyó la documentación relativa al proceso de negociación del acuerdo conciliatorio? Lo ignoro. Pero si lo hizo, no lo hizo a solicitud de ninguna de las partes. Los procesos de conciliación deben ser confidenciales, y existe un prohibición expresa de hacer público incluso lo que se dijo en la negociación. Todos los que de alguna manera estábamos involucrados en este proceso, incluso tangencialmente, fuimos compelidos a firmar una declaración jurada comprometiéndonos a no revelar ningún detalle de la negociación (aunque el acuerdo conciliatorio en su totalidad es totalmente público). Las actas y demás documentos utilizados en el proceso quedan en custodia del Centro, el que debe tener protocolos establecidos para el tratamiento de esos materiales, siempre en apego a lo que establece la ley de Resolución Alternativa de Conflictos.

martes, 4 de febrero de 2014

El país que tenemos

En este período en el que se discuten -o al menos eso quisiéramos-, temas trascendentales para el futuro de nuestro país, deberíamos exigir que ese debate se lleve a cabo con el máximo rigor posible. Una premisa básica, para definir el país que queremos, es partir del país que en realidad tenemos.

Los procesos que conducen al desarrollo son complejos y de largo aliento. Para alcanzar niveles de bienestar generalizados, sostenibles y con equidad, requerimos diseñar políticas públicas que partan no solo de los objetivos que se trazan a futuro, sino además de una justa valoración de lo alcanzado. En ese balance en el análisis se encuentra la posibilidad de diseñar estrategias de desarrollo apropiadas y realistas.

¿Cuál es la Costa Rica de hoy? La pregunta no es retórica, pues de la caracterización que hagamos dependerá mucho la forma en la que debemos acometer las tareas del desarrollo. Partimos de la noción indisputable de que tenemos retos y carencias, que falta mucho por avanzar, sobre todo en materia de equidad. Pero sería irracional aceptar que el país es lo que algunos dicen que es: un resonante fracaso colectivo, una sociedad desgarrada en donde campea la pobreza, la inseguridad, el desaliento y el conflicto social.

La Costa Rica del 2014 no es, ni por asomo, la que los heraldos del apocalipsis dicen que es. Se entiende que algunos quieran crear tal sentimiento de desánimo que el electorado crea que cualquier opción da igual y por lo tanto se puede elegir a cualquiera, pero la verdad es otra. No se trata de juzgar la labor de Gobierno, sino de valorar en su justa perspectiva lo que hemos alcanzado como país, requisito fundamental para definir que es lo que queremos.

Lo cierto es, que, como dice el Decimonoveno Informe sobre el Estado de la Nación, en los últimos años “hubo progresos en la contención de la violencia social y mejoras importantes en los indicadores educativos y de salud”. Los avances en materia de seguridad ciudadana  ha hecho que el tema, de urgente preeminencia en la campaña del 2010, haya desaparecido del debate en la campaña del 2014. No podía ser de otra forma después que los asaltos se redujeran de 7,166 en el 2006 a 5,912 en el 2012, los robos a casa y locales comerciales de 19,778 en el 2006 a 16,377 en el 2012, y la tasa de homicidios se redujera dramáticamente de 11.5 por cada 100,000 habitantes, a 8,8 en el período del 2010 al 2012.

En el campo social, en el año 2012 la pobreza, medida por insuficiencia de ingresos, se redujo un 1%, la primera reducción en un quinquenio, y como parte de una reducción de 7% desde 1990. Pero cuando se mide  la pobreza por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, que refleja la eficacia de los programas sociales públicos, el Estado de la Nación, con base en el censo 2011, estima que el porcentaje de hogares con una o mas necesidades básicas insatisfechas se redujo de 36,1% en el año 2000 a 24,6% al momento del censo. Un 46% de los distritos del país experimentó mejoras en este indicador en esos 10 años, y solo un 1,3% un descenso.

Todo esto como resultado de un esfuerzo enorme que se ha venido haciendo desde el 2006 para aumentar la inversión social, desde un 16,8% del PIB en el 2006, al 23% en el año 2012, pese un déficit fiscal que habría llevado a otros precisamente a cortar esta inversión en aras de un equilibrio que ha probado ser letal para los mas necesitados en todo el mundo. Y esto en un entorno de inflación controlada, la menor en los últimos 36 años según la CEPAL.

Igualmente la inversión educación ha venido elevándose paulatinamente, pasando de un 5% del PIB en el 2006 a un 7,2% en el 2012. No es casualidad por ejemplo que el porcentaje de repitentes en educación tradicional haya disminuido de 9,6% en el 2006 a 7,3% en el 2012, o que la deserción intranual en secundaria haya disminuido de 13,2% en el 2006 a 11,1 en el 2011. Agréguese el aumento de la inversión en programas de salud, de 4,9% del PIB en el 2006 a 6,8% en el 2012, lo que ha generado que el año pasado el país redujera la tasa de mortalidad infantil, entre otros indicadores, a su nivel mas bajo de la historia, uno que nos sitúa al nivel de países desarrollados.

Ni hablar del desempeño del país en materia de exportaciones, de atracción de inversiones y de incremento del numero de turistas que nos visitan, actividades en la que el crecimiento ha sido sostenido desde el 2006.

Y no son solo los indicadores nacionales los que muestran que este país está muy lejos de ser el desastre que algunos quieren pintar. Desde afuera nos miran con admiración y resaltan una y otra vez nuestros logros. El Foro Económico Mundial califica al sistema educativo costarricense como el primero de Latinoamérica; además somos primeros en el Índice Global de Innovación de la Universidad de Cornell, en el Índice de Progreso Social del Social Progress Imperative, y en el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale.

Consistentemente, para desesperación de los apóstoles del pesimismo, el país se sitúa en los primerísimos lugares de mediciones alternativas de bienestar, lo que ha llevado que se considere a Costa Rica como uno de los países mas felices del mundo, dato ratificado por una encuesta de la UCR el año pasado, en la que 9 de cada 10 costarricenses se declaraba feliz. Esto en una sociedad que es primera en el Índice de Libertad de Prensa según la organización Reporteros sin Fronteras y cuarta en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Para definir políticas de desarrollo no debemos permitir que nos confundan. Para ser exitosos, debemos partir de la valoración precisa de lo que hemos alcanzado. Porque si el debate se basa en un país que no existe, podemos terminar con un país que no queremos.