Sobre carretera San José-San Ramón

Respecto al proceso que ha venido desarrollándose para concretar un nuevo proyecto para construir la carretera entre San José y San Ramón, quisiera hacer algunas aclaraciones, en tanto pareciera que existe alguna confusión con este tema, sobre en todo en el programa de doña Amelia Rueda, que ha venido dándole un especial seguimiento, en mi criterio sin toda la información necesaria.

- El Gobierno de la República reafirma su convicción de terminar el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, consciente de la necesidad imperiosa de contar con una alternativa viable que permita la construcción de esta carretera. Pero también reafirma su convicción de presentar al país un proyecto completo que incluya todos los elementos que permitan su análisis y valoración correcta.

- Este proceso se organizó alrededor de la consecución de 5 productos: un diseño conceptual de la carretera, un cálculo del costo constructivo, una forma de financiamiento, un método de administración y un estimado del peaje.

- Para alcanzar estos objetivos, se organizaron tres comisiones con participación de los representantes de la comunidad y de las instituciones coordinadoras: la jurídica, coordinada por MIDEPLAN, para afinar el proyecto de creación del fideicomiso que construirá y administrará la obra; la ingenieril, coordinada por la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR y con el apoyo de LANANME, para definir el diseño de la carretera; y la comisión financiera, coordinada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que tendría a su cargo la definición del peaje necesario para construir y mantener la obra.

- A la fecha de hoy, la comisión jurídica y la comisión ingenieril finalizaron su trabajo, mientras que la comisión financiera todavía se encuentra afinando los escenarios que construyó para determinar el peaje. Vale la pena mencionar que para un proyecto como este, cuya única garantía para los bancos es el flujo de ingresos (en tanto si no se pueden pagar los préstamos no hay un activo que responda: los bancos no podrían "quedarse" con la carretera si no genera los recursos necesarios para pagar los préstamos), lo que se calcula es el nivel de riesgo que ofrecen distintas tarifas de peaje. Ese será el formato del informe que el IICE presentará la próxima semana.

- Si bien es cierto que el proyecto del fideicomiso ya está listo, hemos valorado inconveniente enviarlo a la Asamblea Legislativa sin que finalice el trabajo de la comisión financiera, en tanto nos parece que el valor del peaje es un dato de suma importancia sin cuyo conocimiento los señores y señoras diputadas no podrían valorar de forma integral las bondades y/o limitaciones del modelo propuesto.

- La comisión financiera ha venido trabajando con total independencia, y el tiempo que se ha tomado para poder ofrecer su informe, está relacionado con el rigor con el que han venido acometiendo esta tarea, lo que los ha obligado a recopilar una gran cantidad de información respecto a costos relacionados a la construcción, mantenimiento y administración de la carretera.

Nuevamente, el Gobierno de la República, quien fue el que tomó la iniciativa de acercarse a los vecinos de Occidente para hacer este trabajo conjunto, reitera su compromiso en finalizar este proceso de la manera en que vislumbró desde el principio, conscientes como hemos estado siempre que la concreción del proyecto le corresponderá al nuevo Gobierno y a la nueva Asamblea Legislativa. Se ha querido dejar el proceso lo más adelantado posible, pero cumpliendo con un mínimo de rigor y fundamentando la propuesta de la mejor manera, reflejando de manera fidedigna las complejidades de un proyecto como este, que urge hacer, pero que sobre todo urge hacer bien.

Sobre situación fiscal y lo que pueda pasar

He comenzado a leer por ahí que algunos quieren desde ya endosarle al Gobierno de la Presidenta Chinchilla responsabilidades futuras, sobre todo ante un eventual deterioro de la situación fiscal. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre este tema, para que quede ahí como referencia para el futuro.

Lo primero que hay que decir es que el origen del déficit se encuentra en la política anticíclica que aplicó el gobierno de don Oscar Arias para compensar los efectos de la crisis financiera mundial del 2008, la peor de los últimos 70 años. Para este propósito, se utilizaron recursos públicos para capitalizar los bancos estatales, de manera que el crédito no dejara de fluir al aparato productivo nacional. En esa dirección se ejecutó un Plan Alimentario que garantizó el suministro de granos básicos, pero además estimuló la actividad agrícola. En la misma línea se agilizó la ejecución de algunos proyectos de infraestructura con fondos del presupuesto. Y así con un conjunto de medidas, recogidas en el Plan Escudo, que tenía como objetivo intentar compensar la desaceleración económica y proteger el empleo.

Pero más importante aún, se reforzaron los presupuestos de los programas de asistencia social, de educación y seguridad, a partir de la premisa de que los que menos tienen debían ser protegidos del embate de la crisis, y que, sobre todo, la pérdida de ingreso familiar no terminara hipotecando el futuro de los jóvenes que se verían obligados a abandonar sus estudios para sumarse prematuramente a la fuerza laboral. Gracias a esta medidas, el país pudo atenuar el golpe. Pero por supuesto que tuvo un precio: el déficit fiscal. Ya desde ese momento el mismo Presidente Arias señaló la necesidad de una reforma tributaria, cuya discusión tuvo que ser pospuesta por la imperiosa necesidad de aprobar la agenda complementaria al TLC con Estados Unidos, proceso que tomó casi tres años del trabajo legislativo.

Desde los primeros días de su Gobierno, la Presidenta Chinchilla llamó la atención sobre el déficit fiscal. Pero no solo lo advirtió, sino que decidió coger el toro por los cuernos, y plantear, a los pocos meses de haber asumido la Presidencia, un proyecto de solidaridad tributaria para equilibrar las finanzas públicas. El proyecto contemplaba varios componentes, uno que pretendía aumentar los ingresos, otro que dotaba de instrumentos a la administración tributaria para mejorar la recaudación, y la aplicación de una política de contención del gasto, que junto a una importante mejora en los niveles de recaudación permitió que el déficit no se elevara aun mas.

Pese a todos los obstáculos que desde un directorio legislativo hostil se le pusieron al plan, el mismo fue aprobado con votaciones calificadas que denotaban un gran consenso legislativo, antes de ser traído abajo por la Sala Constitucional. Pese a esto, pese al enorme costo político que tuvo para el Gobierno, y pese a que se acababa el tiempo (algunos podrían haber optado por dejarle el problema al Gobierno entrante sin opciones planteadas), pero conscientes de la gran responsabilidad que requiere este tema, el Ministro Ayales inició un proceso de dialogo amplio y comprensivo del tema fiscal, incluyendo temas de control de gasto y mejora recaudatoria. De este proceso quedan documentos importantes y algunas propuestas que pueden servir de base para la elaboración de una agenda comprensiva o gradual para enfrentar este problema.

El problema del déficit fiscal no es nuevo ni tiene amenazas ocultas. Se ha hablado de esto con amplitud y transparencia, se han puesto todos los elementos sobre la mesa y se dejan algunos cursos de acción sugeridos. No hay misterios, datos ocultos ni sorpresas. El 9 de mayo la situación será la misma sobre la que se ha venido advirtiendo y la que se ha venido enfrentando con responsabilidad desde el 2010. A partir de ese 9 de mayo, cómo se decida enfrentarla y las consecuencias de esas decisiones será entera responsabilidad de las nuevas autoridades.