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viernes, 12 de diciembre de 2014

Interés nacional sobre interés politico

No es posible minimizar las consecuencias que podría tener el levantamiento del veto que la expresidenta Laura Chinchilla le aplicó a la reforma del Código Procesal Laboral. De entrar a regir los artículos vetados, se habrá menoscabado de manera irreversible la posibilidad de los gobiernos de proteger a los usuarios de servicios públicos, y otorgará una ventaja que potenciará la capacidad de coacción de los sindicatos del sector público y de su partido político aliado, el Frente Amplio.

 Tal vez el panorama quede más claro utilizando como referencia la recién finalizada huelga en Japdeva. Todos aplaudimos la rápida acción de la Fuerza Pública para retomar el control de los muelles. De la misma forma, celebramos la rápida contratación del personal externo que permitió reanudar los servicios portuarios al día siguiente de iniciada la huelga. Si se levanta el veto, eso ya no será posible.

 El artículo 394 del proyecto vetado estipula específicamente la prohibición de contratar de trabajadores o trabajadoras temporales para sustituir a los huelguistas, cosa que solo se podría hacer hasta que los tribunales declaren el movimiento como ilegal. Pero, aquí hay otra trampa. En el caso de Japdeva la huelga se declaró ilegal —10 días después de iniciada—, porque a criterio del juez los muelles prestan un servicio público, en los que están prohibidas las huelgas. Pero precisamente otro de los artículos vetados permite las huelgas en servicios públicos, y, por lo tanto, no habría razón para la ilegalidad y el movimiento podría prolongarse sin que el Gobierno tuviese la posibilidad de restablecer el servicio.

 No es difícil imaginar lo que esto podría significar. Muelles, aeropuertos y hospitales cerrados indefinidamente, sin posibilidad de ofrecer mas que los servicios que los sindicatos accedan restablecer. En una panorama como este, es claro que los gremios tendrán la sartén por el mango. Y a todo el pueblo costarricense en el sartén.

 Desafortunadamente, en el debate alrededor de este tema el Gobierno no se ha referido con claridad a esta amenaza. El único criterio que anima al Ejecutivo en este momento es político: mantener los apoyos necesarios para preservar el directorio legislativo el próximo 1ero de mayo. Por puro cálculo político, el Gobierno podría debilitar al país frente a la acción sindical. La consecuencias que esto tendría serían impredecibles. Y constituiría un acto de suprema irresponsabilidad de un Gobierno que busca victorias pírricas en el corto plazo, pero que derivarán en derrotas aplastantes en el futuro.

 Es absolutamente necesario adoptar muchas de las reformas que se aprobaron en este proyecto. Pero el costo no puede ser otorgar prebendas profundamente antidemocráticas a grupos de interés particulares. Permitir huelgas en servicios públicos sin la posibilidad de contratar personal para mantener la provisión de servicios esenciales es una concesión que va en contra del interés nacional, que debería tener precedencia sobre el interés político de corto plazo.

martes, 2 de diciembre de 2014

Aprender a bailar

Estos primeros meses del gobierno de Luis Guillermo Solís pueden resumirse en una sola frase pronunciada por el Presidente mismo: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. La verdad incontrovertible que esta pública admisión revela, tiene una explicación mas o menos sencilla y consecuencias realmente muy complejas.

 La campaña electoral del 2014 se desarrolló básicamente sobre dos premisas: una, que la situación del país era tan extrema que se requería un cambio a toda costa. La otra, mas aventurada como está empezando a descubrir el Gobierno, era que el cambio era posible simplemente si se tenía la voluntad para concretarlo.

No se recuerda una campaña electoral en donde se pintara una imagen tan sesgada del país. Un observador extranjero habría tenido muchos problemas para identificar, en la vivencia cotidiana de la gente, las señales de la debacle de proporciones bíblicas que se vaticinaba para este sufrido pueblo.

Ahora estos excesos han vuelto para acosar al Gobierno. Cada vez es mas claro que las cosas no estaban, ni se venían haciendo, tan mal como se dijo. No solo se continuó con algunas políticas importantes (en seguridad, en lo social, en política monetaria, en comercio exterior y en relaciones exteriores, entre otras), sino que el mismo Presidente se queja, aparentemente sorprendido, de esta percepción negativa de la situación del país. “Veo y siento en el extranjero mucho optimismo sobre inversión económica, regreso acá y veo todo un irónico pesimismo” expresó en redes sociales y en una conferencia de prensa; “hay una actitud como si se estuviera acabando el mundo” . Siembra vientos…

Si las cosas al final no estaban tan mal, ¿cómo concretar ese cambio nebuloso que se prometió en campaña? En lo sustantivo a lo sumo se deben realizar algunos ajustes. ¿Pero cambios de fondo, nuevos paradigmas? Ninguno hasta ahora. Ante la falta de claridad, se ha apostado desproporcionadamente por lo simbólico, la iza de banderas, la poda de arbustos, la declaratoria del maíz como patrimonio cultural. Y eso, que podría ser mucho en otro momento, es poco para un gobierno que como este prometió un cambio que no tenía, ni parece tener, definido con certeza.

La segunda premisa que sustentó la campaña del PAC, es posiblemente la mas peligrosa y la que le costará mas al Gobierno: que el cambio era posible con tan solo hacer un esfuerzo mayor. Que el cambio dependía de la "voluntad política" que, aseguraban señalando acusadoramente, los anteriores gobiernos no habían tenido.

La verdad es que –tal y como cándidamente lo admitió el Ministro de la Presidencia en el caso del costo de los combustibles-, desconocían cómo funcionaban las cosas. Así fue como se lanzaron esas promesas audaces que se veían muy bien en la prensa, pero que volvieron para aterrorizar al Gobierno: bajar el precio de la luz ("YA, no en tres meses"), disminuir el costo de la gasolina ("en las primeras semanas"), cerrar CONAVI ("y sus hermanitas perversas COSEVI, Concesiones, el CTP"); clausurar ("el primer día") la DIS, nombrar a todo mundo por concurso ("Mariano Figueres NO tendrá cargo en este Gobierno”). La implacable realidad del ejercicio político ha obligado a la rectificación, con un alto costo político en un entorno en donde la población no encuentra ya ningún consuelo en ese millón de votos que le aportó al PAC.

Lo cierto es que la complejidad del Estado costarricense, hasta ahora una excusa según algunos, impone, para poder acometer los cambios que se necesitan, la necesidad de forjar coaliciones amplias a partir de un ejercicio claro de definición de prioridades y ámbitos de negociación. Creer que esto se logra llamando a un diálogo con partidos políticos y grupos organizados, en una especie de Asamblea Legislativa paralela como lo hizo el Gobierno, es una muestra más de la ausencia de una visión estratégica, así como de una gran confusión en la conducción política.

Y poco ayuda la ambiguedad del Gobierno, que por un lado dice querer abrir espacios y por el otro golpea incesantemente a la oposición, aparentemente envanecido todavía por su triunfo electoral del que insiste en extraer conclusiones complacientes. Tampoco ayuda la debilidad política del que debería ser su principal enlace con la Asamblea, cuestionado por tirios y troyanos, y cuya propensión a cometer errores lo ha convertido en una pesada cruz para el Presidente.

La consecuencia mas grave de todo este entuerto es una población cada vez mas impaciente, y como lo comienzan a demostrar algunas mediciones de opinión pública, capaz de pasar del entusiasmo a la desazón en muy poco tiempo, ahora tal vez mas propensa a optar por alternativas que en el pasado ha descartado como alejadas de la idiosincracia costarricense. Ojalá que ese no termine siendo el legado de un gobierno que se tiró a pista sin saber bailar.