Mi Primer Empleo, ¿es todo lo público malo? y la carretera San José-San Ramón

El gobierno anuncia una iniciativa para estimular a empresas privadas a contratar personas menores de 35 años, mujeres y personas con discapacidad. El programa, denominado "Mi Primer Empleo", se inspira en una iniciativa lanzada en junio de este año en Argentina, y otorgará un subsidio mensual de ¢112,000 por cada trabajador contratado por las empresas que se inscriban en el proyecto.

Surgen algunas dudas. La primera, el financiamiento. Para alcanzar la meta propuesta de 30,000 contrataciones en los próximo 3 años, se deberá invertir poco mas de ¢46,000 millones. El INS aportará una cuarta parte del costo, y el INAMU ya anunció que invertirá ¢500 millones. El resto saldrá del "superávit" de algunas instituciones. Aparte de que normalmente los "superávits" son re-presupuestados al año siguiente, valdría la pena que nos explicaran de cuáles instituciones se piensa tomar los recursos, así como el fundamento legal para hacerlo, en tanto el traslado de recursos públicos a empresa privadas es algo muy restringido en la administración costarricense.

Segundo, detalles operativos. La condición para que las empresas reciban el subsidio -que le será entregado en tractos semestrales- es que se contraten a las personas por un año. Pero, ¿qué pasa si la persona renuncia o debe ser despedida antes del año (o después de 12 meses pero antes de 24)? ¿Cómo el estado controla esto? ¿Existe alguna responsabilidad solidaria del gobierno? ¿Tendrá que hacer un aporte adicional para el reconocimiento de derechos como cesantía, aguinaldo proporcional cuando cese la relación de trabajo?

Tercero, el programa está pensado para tres años. ¿Qué pasa con la gente contratada si no es posible, dada la situación fiscal, continuarlo en el futuro, o  si el próximo gobierno decide no prorrogarlo?, ¿cuál es, si es que hay, la responsabilidad del estado con las personas contratadas que podrían verse nuevamente desempleadas?
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Entiendo perfectamente la molestia de la gente con los abusos que se dan en algunas instituciones del sector público. Entiendo la aspiración de racionalizar el gasto público, de hacer al Estado más eficiente y eficaz. Pero de ahí a generalizar y homologar Estado a desperdicio, esfera pública a negligencia, y funcionario a corrupción, hay una gran diferencia.

El debate sobre el sector público, como es usual en Costa Rica últimamente, es un debate muy pobremente fundamentado. El Estado costarricense no es solo la suma de los casos puntuales de abuso presentados una y otra vez en medios de comunicación. Es también un entramado de instituciones que proveen una sombrilla de derechos a amplios sectores de la población, especialmente a los que menos tienen.

La aspiración que todos tenemos para sea más eficiente y racional, no nos puede hacer perder de vista que el Estado opera bajos principios que no son los que mueven a la empresa privada. Desde esta perspectiva, la generalización puede esconder también una agenda política específica, una de debilitamiento del Estado en general. Y con eso hay que tener cuidado.

Repito, los abusos son inaceptables y deben ser corregidos. Pero la lógica de un discurso que pone a “la gente” frente al “sector público” es peligrosa y puede derivar en situaciones extremas. Hay que tener cuidado y tratar de elevar el nivel del debate.
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¿Por qué no avanza el proyecto de la carretera San José-San Ramón? La respuesta es relativamente sencilla: por que no se sabe cuánto va a costar. Y sin saber cuánto cuesta el proyecto, no se sabe cuánto será el peaje, de manera que los bancos que inviertan tengan la certeza de que van a recuperar su inversión, incluyendo por supuesto la ganancia que aspiran a tener.

Pero para saber con precisión cuánto va a costar la obra se requiere realizar un anteproyecto detallado, y eso no es barato. Por eso el INS ha puesto a disposición del proyecto $21 millones, de manera que quien finalmente asuma el fideicomiso tenga un capital de trabajo inicial para contar con esta información vital para definir el peaje. Aquí vale pena decir que esta plata es un préstamo,(al 3,3% anual) y habrá que sumarlo a los costos totales del proyecto.

La pregunta es, ¿qué pasa si el costo resulta en un peaje muy alto, mucho mas que los $7.9 que se planteaba en el proyecto original? ¿Que hace un banco si después de endeudarse $15-20 millones para determinar costos descubre que el peaje es muy alto en las condiciones actuales de diseño?

Es cierto que el nuevo proyecto se ahorra el 14% de margen que obtenía la concesionaria, y alrededor de $175 millones de impuesto sobre la renta del que estará exento, pero estamos hablando de una obra que será casi el doble de lo que se había propuesto, sin incluir las radiales adicionales solicitadas por los diputados, ni las costosas expropiaciones que habrá que hacer para poder ampliar a 8 carriles el trayecto entre la Datsun y el aeropuerto. Pasará aproximadamente un año para que lo sepamos con certeza.

Mercado regional Chorotega, aumenta de la violencia y el gobierno baja muy rápido y mucho.

Encontrarme fortuitamente a mi colega Alberto Cortés, director del BCIE por Costa Rica, me recordó esta noticia que pasó desapercibida, como parece usual con las buenas noticias, pero que vale la pena rescatar  por las implicaciones que tendrá, sobre todo para los pequeños agricultores de la región Chorotega.

Aunque parezca mentira, actualmente gran parte de la producción agrícola de Guanacaste se vende en el mercado de mayoreo de CENADA en Barreal de Heredia. Los intermediarios compran directamente a los productores -es de imaginarse que a precios muy bajos, o por lo menos menores a los que podrían obtener los agricultores si vendieran directamente-, aprovechando que para muchos de ellos es complicado, por no decir completamente ruinoso, venir a San José a vender su producto. 

Pero con la construcción de este proyecto, que se viene empujando desde el gobierno de don Oscar Arias, se le brinda la posibilidad al pequeño y mediano productor de comercializar en la misma región; esto sin duda facilitará encadenamientos importantes entre la producción local y la industria turística. La opción de utilizar recursos del BCIE para esto es una excelente idea, que permitirá ponerle fin al calvario burocrático que venía enfrentando este proyecto desde el 2008, y con la que por fin se concretará una iniciativa que tendrá sin duda un gran impacto en la región.

Me cuenta Alberto que se planea hacer lo mismo en la región Brunca y en el Caribe. Ojalá se pueda avanzar con esto rápidamente.

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No sé qué me sorprende más, si el recrudecimiento de la violencia producto de la actividad de bandas relacionadas con el crimen organizado (reflejada en el asesinato casi que diario de personas involucradas en estas actividades), o la indiferencia, tanto del gobierno como de la ciudadanía, frente a esta amenaza.

El próximo año, el Ministerio de Seguridad no contará en su presupuesto con los recursos provenientes del impuesto a las sociedades anónimas, eliminado por un fallo de la Sala Constitucional. Sin embargo, ni la Presidencia ni el Ministerio de Seguridad ha hecho ningún esfuerzo por restablecer el impuesto, de manera que no se tenga que sacrificar la acción policial en momentos en que la violencia parece salirse de control. Estoy seguro que una iniciativa como esta contaría, como sucedió en el pasado, con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas.

Algunas personas han expresado, no sin cierta complacencia, que en realidad la mayoría de los asesinatos están relacionados a personas con antecedentes policiales. Es la peor de las actitudes. Tenemos muchos ejemplos de países latinoamericanos en donde este proceso terminó con vastas zonas controladas por estas bandas. 

Ya en nuestro país algunos barrios del sur se han vuelto territorio de nadie. Sé de por lo menos una compañía de distribución de productos alimenticios que ya no entra a ciertas partes de Desamparados, y me han dicho de otras zonas en donde la policía tiene que entrar con un contingente importante que le permita protegerse. Pero nadie parece estar consciente de que esas ¿pequeñas? cosas son síntoma de un problema mucho mayor.

Hay que ponerle atención a este tema. De lo contrario se nos puede salir de las manos.

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La semana pasada me referí al tema de las encuestas  y dije que la pérdida de imagen y popularidad que sufre el actual gobierno apenas está comenzando. No deja de sorprenderme, sin embargo, el resultado de la última encuesta dada a conocer por varios medios de comunicación, realizada por la firma CID-Gallup.

Los resultados son lapidarios: un impresionante 86% de los entrevistados considera que el país va por mal camino. Las opiniones negativas sobre Solís pasaron de un 5% hace un año, a un 60% actualmente; la percepción positiva se desplomó un 53%. El presidente es el peor calificado de los últimos 18 años.  Casi la mitad considera mala o muy mala la gestión del gobierno y un 62% la reprueba. Un 76% de la muestra considera que el gobierno ha cumplido pocas o ninguna de sus promesas, y pese a que fue uno de sus grandes temas de campaña, la corrupción se convierte en la tercera preocupación de los costarricenses, siendo el desempleo la primera y el costo de la vida la segunda.

Los números son durísimos y confirman la tendencia que habían venido mostrando otros estudios en los últimos meses. Pero lo son mas si se analizan a la luz de dos elementos: primero, el gobierno apenas tiene 16 meses de haber iniciado y ya exhibe un desgaste político sin precedentes; y segundo, y retomando lo que dije la semana pasada, viene el calvario de impulsar una reforma fiscal, con el agravante que no se percibe una voluntad del gobierno para enfrentar el tema que tanto ha crispado a la opinión pública en la últimas semanas, como lo es el de los salarios en el sector público.

Es de esperarse que los gobiernos se desgasten. Pero en este caso, da la impresión de que este proceso ha sido muy rápido y muy duro. Y apenas estamos empezando.

La cobija y la FIV, el ministro y el columnista

Una campaña del Gobierno en medios dice que para atender las necesidades del país en el 2016 se va a utilizar "la misma cobija que usó en el 2015". Esto porque el Gobierno "realizó recortes por ¢388,350 millones de colones al presupuesto". Son "hechos, no palabras" declara, me parece que con poca convicción, la narradora del spot.

Tal vez esto último sea pura percepción de mi parte, pero si fuera cierto, la locutora tendría razón de no estar convencida. El Gobierno, tal y como quiso hacerlo con la supuesta renegociación de la convención colectiva del A y A, nos quiere meter gato por liebre. No sé si es desconocimiento de lo que significa recortar de verdad un presupuesto, o si malintencionadamente está tratando de engañar a la gente, pero el mensaje que nos quiere vender con este spot es, para decirlo amablemente, falaz.

Cuando se va a elaborar el presupuesto general de la República, lo primero que se hace es que el ministerio de Hacienda solicita a el resto de los ministerios que envíen sus proyectos de presupuesto. Una vez que se tienen todos los proyectos, invariablemente Hacienda solicita disminuirlos, porque normalmente vienen muy altos. Y los ministerios no tienen opción. Puede haber una estira y encoge y hasta la intervención del presidente, pero los presupuestos originales de los ministerios normal y rutinariamente son recortados antes de ser presentados a la Asamblea Legislativa.

Estas reducciones, a falta de otros logros en esta materia, son las que el Gobierno presenta como "recortes del presupuesto". No lo son. Recortar el presupuesto habría sido, como mínimo, que fuera igual al del año pasado. pero no lo es. Crece casi un 5%.  Y los famosos 388,350 millones nunca estuvieron en el presupuesto y, por lo tanto, no pudieron ser "recortados". Son montos que venían "de más" en los presupuestos del los ministerios, que como podrán imaginarse siempre tratan de "hacerse un colchón" pidiendo el máximo que podrían necesitar. 

Y no podemos olvidar que ese 5% de aumento está calculado con respecto al presupuesto del año anterior, que creció  mas del doble que la inflación. Es decir, la cobija no solo no es exactamente la misma del año pasado, pues es un 5% mas grande, sino que además es muchísimo mas grande que la cobija del 2014.

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El presidente firmó un decreto para permitir la FIV en Costa Rica. La validez del mismo será discutida en la Sala Constitucional. Pero la verdad es que el presidente tenía que intentar algo, que también han intentado otros en el pasado: exasperados por la lentitud del debate y la posibilidad de veto que tiene cada uno de los 57 diputados, tratan, normalmente sin éxito, de brincarse a la Asamblea Legislativa para hacer avanzar ciertos temas.

La discusión no debería ser si el decreto es o no la mejor ruta de acción. La discusión debería ser qué se puede hacer para mejorar y hacer más expedito el proceso de formación de leyes en Costa Rica. Como se hace para que  otra vez las mayorías signifiquen algo. En nuestro país ha pasado algo muy curioso en los últimos años, y es que, no solo estar en una mayoría no significa nada en términos de la posibilidad de empujar ciertas tesis, sino que incluso se ha vuelto éticamente cuestionable pertenecer a una mayoría. "Ustedes lo que quieren es imponerse sobre las minorías!", oímos constantemente, implicando con esta acusación que las actuaciones de la mayoría son, ironía de ironías, antidemocráticas. Hay que darle vuelta a esto y volver a darle a la mayoría el peso que le corresponde en el proceso legislativo.

Dicho lo anterior, y en relación al caso específico de la FIV, es cierto que los diputados de los partidos de orientación religiosa han utilizado todas las armas que les brinda el reglamente legislativo para atrasar la votación de este tema. Pero yo me sospecho que en TODOS los partidos políticos representados en la Asamblea hay gente que se opone a la FIV, a los que les queda muy cómodo dejar que los diputados cristianos pongan la cara ante la opinión pública, mientras con un silencio calculado dejan la impresión de que apoyan una causa que tal vez les brindó réditos electorales, pero en la que no creen del todo.

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Dice el ministro de Comunicación que en una encuesta que circuló en estos días no hay evidencia de un deterioro de la imagen del presidente, y que mas bien hay señales de mejoría. Un periodista me preguntó sobre el tema y yo comenté que me parecía una ingenuidad  decir eso a las puertas de que se inicie un debate tan políticamente costoso como lo es el de una reforma fiscal, y que mas que estar buscando cosas que no existen en esa encuesta debería estar preparándose para  el tsunami que se le viene encima al gobierno, el que en los próximos 12 o 14 meses sufrirá un deterioro aun mayor de su imagen al tener que defender materia tan odiosa como lo son nuevos impuestos.

Confrontado con estas declaraciones mías, el ministro Herrera "responde" hablando, como parece ser la obsesión de ciertos jerarcas de esta administración, del gobierno de la Presidenta Chinchilla, poniendo el énfasis en la cifra de personas que cree que está mejor con este gobierno en comparación al de doña Laura.

Aparte de que el gobierno Solís no ha llegado siquiera a la mitad de su período, como para que la comparación tenga sentido,  el discreto ministro Herrera haría bien en prepararse para lo que viene en vez de estar viendo hacia atrás. La discusión de los nuevos impuestos requerirá mucho más que aguacates o comparaciones con el pasado. Si cree que ese tipo de argumentos va a ayudar a su presidente a mejorar su alicaída imagen, se va a llevar una muy desagradable sorpresa.

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 En su columna del lunes pasado, Juan Carlos Hidalgo se refiere a la escabrosa actuación del fiscal de Alajuela en el caso del Alcalde Roberto Thompson, pero, como es su costumbre, aprovecha para atacar al PLN, diciendo que "lo inusual de este caso es que la víctima haya sido un político liberacionista, cuando no es ningún secreto que los dirigentes de ese partido tienden a salir muy bien parados de los rigores investigativos del Ministerio Público"

Hidalgo tiene memoria selectiva. No recuerda que Karla González, Fernando Zumbado y Pedro Pablo Quirós, tuvieron que enfrentar, y lo hicieron con éxito, acusaciones de la Fiscalía. Tampoco recuerda el caso de Maureen Ballestero, ni que vienen los juicios contra Antonio Calderón y contra Oscar Alfaro. Ni que Roberto Dobles se encuentra en pleno proceso judicial.

También menciona el caso de la ruta 1856 como un ejemplo de ese supuesto favorecimiento de la fiscalía al PLN, preguntándose "¿cuántos funcionarios de la administración Chinchilla han enfrentado a los tribunales por el caso de la trocha fronteriza, donde el desfalco al erario ascendió a más de ¢20.000 millones?" Primero, sorprende que afirme que que se pudo haber malversado esa cantidad. Eso solo se puede decir si se ignora que el proyecto de la ruta no solo era abrir el camino a lo largo del río San Juan, sino que además incluía la rehabilitación de mas de 500 kms de rutas de acceso, el cableado necesario para que por fin llegara la electricidad a una zona en donde nunca hubo, y la posibilidad de mejorar el acceso de los pobladores a servicios de salud y educación.

Segundo, asume que hay "funcionarios" del gobierno de doña Laura involucrados en este caso. No es así. Las indagaciones iniciales de la fiscalía apuntan a mandos medios en colusión con algunos empresarios. Pero aquí habrá que esperar a que la fiscalía, que ya lleva tres años investigando, presente finalmente una acusación. Los mas interesados en esto somos precisamente los "funcionarios" de la administración Chinchilla, empezando por doña Laura misma, que fue quien presentó la denuncia ante la fiscalía para que se procediera a encontrar a los responsables. Y por supuesto, que cada palo aguante su vela.

¿Por que la DIS investigó esos casos? Watson y la Sala III

La noticia que ninguna de las 14 denuncias que hiciera el presidente Solís en su informe de los 100 días derivara en procesos judiciales traía un dato que me sorprende nadie haya retomado. Según la Fiscalía, "luego de varios meses de investigación (…) (se) confirmó que ni las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni la información brindada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) arrojaron elementos de prueba que acreditaran la existencia de un delito penal".

Del informe mismo y sus consecuencias compartí algunas reflexiones en un artículo que me publicara el jueves 3 de setiembre el periódico La Nación. Pero quería retomar una pregunta que hice en ese mismo artículo: ¿por qué la DIS, un organismo creado con otros propósitos, se involucró en una investigación de índole judicial?. Aquí es bueno recordar que la ley dice que la responsabilidad principal de la DIS es la de "detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente de la República o al Ministro de la Presidencia, la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o la integridad territorial o pongan en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones".

De ahí surgen dos observaciones. Primero, a la luz de ese ámbito de acción definido para la DIS, ninguna de las denuncias presentadas en el informe de los cien días justificaba su intervención. Segundo, cualquier intervención de la DIS en investigaciones judiciales, solo es posible a solicitud expresa del presidente y/o del ministro de la Presidencia.  Y aquí valdría la pena preguntarse, ¿pidió el presidente al director de la DIS, al que nombró pese a no tener la experiencia ni la formación adecuada, que investigara las actuaciones pasadas de sus adversarios políticos?  ¿Cuál es la base legal para esa intervención? ¿Qué otras cosas investiga actualmente la DIS fuera de su ámbito legal de acción?

Sería muy irónico que aquellos que siempre acusaron a la DIS de ser una policía política, sin poder probarlo, la hayan convertido en una en menos de 100 días de asumidos sus cargos.

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No recuerdo la última vez que la Sala III de la Corte le rechazara a la fiscalía una solicitud para desestimar una causa penal. En el caso de la acusación por prevaricato en contra de Henry Mora, por el caso del nombramiento de la expresidenta del PAC en una plaza a la medida, la fiscalía solicitó a la Sala III que desestimara esa denuncia, petición que los magistrados rechazaron por considerar que "carece de fundamento y es contradictoria".

Según la Fiscalía, el delito del que se acusa a Henry Mora y sus compañeros de Directorio no puede imputárseles al no ser los diputados "autoridades administrativas", condición necesaria para la configuración del ilícito. La Sala aparentemente no acepta esa interpretación, pues le parece "contradictorio" negar el carácter administrativo de un acto como la resolución que permitió crear la plaza con la que se benefició a la expresidenta del PAC. Al crear esa plaza, Mora y el Directorio no actuaban como diputados, sino como jerarcas administrativos del Congreso.

¿Cuál será la posición de la Fiscalía frente a esta llamada de atención del la Corte? ¿Insistir en el argumento para desestimar la causa o rectificar y seguir adelante con la investigación?

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Las organizaciones ambientales dependen en gran parte de donaciones para su operación. Hay una gran competencia por los abundantes fondos de la cooperación internacional, tanto pública como privada. En esa feroz competencia, estoy seguro que habrá temas que conciten mas apoyo que otros. Sin ser experto, asumo que cualquier iniciativa tendiente a proteger los mares alrededor de la Isla del Coco generará siempre una gran disposición a contribuir.

Digo lo anterior porque estoy sorprendido que la campaña que en los últimos meses ha venido desarrollando Sea Shepherd en Costa Rica no se perciba como motivada por un interés que va mas allá de lo ambiental. Para un grupo como ese, tener la posibilidad de trabajar en Costa Rica debe ser importante desde el punto de vista de potenciales donantes. El problema es que su líder, el capitán Paul Watson, es un prófugo de la justicia tica, acusado de atacar con su barco a pescadores costarricenses.

Hace unos meses Telenoticias realizó una serie de reportajes en los que Watson reiteró su inocencia, y aportó "pruebas" que desde su perspectiva confirmaban que no había cometido ningún delito. Por las mismas fechas apareció una valla sobre la ruta 27, incluyendo foto full color del capitán que navega bajo una bandera muy similar a la empleada por piratas de otras épocas, y en la que nos recordaba la  necesidad de proteger nuestros mares.

La semana pasada Telenoticias volvió a la carga con una serie de reportajes sobre activistas de Sea Shepherd, que vinieron al país a ejecutar la denominada "Operación Jairo", en homenaje al asesinado activista ambiental Jairo Mora. Pareciera haber un esfuerzo sistemático para generar una corriente favorable hacia la organización, que ha venido insistiendo en contar con autorización de las autoridades costarricenses para poder "patrullar" las aguas alrededor de la Isla del Coco.

El problema de Watson es que en el momento que entre a a aguas territoriales costarricenses podría ser arrestado y llevado a  enfrentar la justicia. La campaña mediática deja la impresión de que se quiere generar alguna presión para que cese la acción judicial en su contra, cosa que por dicha no ha sucedido. Si Watson de veras quiere venir a trabajar por nuestros mares, lo primero que debe hacer es presentarse  ante las autoridades judiciales costarricenses. Queremos sin duda proteger nuestro patrimonio, pero debe imperar un absoluto respeto a la legalidad. Y eso deberían entenderlo Watson y su gente.