Twitter

domingo, 29 de noviembre de 2015

De como medir la pobreza y las elecciones en Venezuela

Una noticia basada en una investigación de Juan Diego Trejos del IICE de la UCR, señala que al país le tomó 34 años para recuperar el nivel de inversión social que se tenía en los años previos a las crisis de los años 80-82. Solo en el período 2005-2014 la inversión per cápita creció alrededor de un 25%, lo cual es aun mas extraordinario si se considera que en los años posteriores al 2007, el país sufrió las consecuencias de una de las peores crisis financieras de la historia.

Para algunos, esta no es una buena noticia, porque desde su perspectiva ese aumento en la inversión social ha fracasado en tanto la pobreza se mantiene estancada alrededor de un 21%. Si bien es claro que siempre se puede mejorar la eficacia de los programas sociales selectivos, hay algunas consideraciones sobre la naturaleza misma de esos programas, que deben ser valoradas a la hora de emitir un juicio sobre su impacto en la población.

El método utilizado en Costa Rica (y en muchos otros países) para la determinación del nivel de pobreza en Costa Rica es el denominado de “línea de pobreza”.  Este método investiga el nivel de ingreso familiar, y dependiendo de ese monto, se clasifica a las familias como pobres,  extremos (si el ingreso no alcanza para comprar la Canasta Básica Alimentaria), o no extremos (si el ingreso alcanza para la CBA pero no para la Canasta Básica Total, que tiene mas productos y servicios que la primera).

Este método depende del ingreso. Y el ingreso bien puede ser impactado por transferencias de programas sociales selectivos (Avancemos por ejemplo), pero normalmente ese impacto es temporal, sin mencionar que los programas no tienen ese objetivo. Lo que sacaría permanentemente a estas familias de la pobreza es la posibilidad de conseguir  un empleo, algo que no está pasando. Y es cierto que el Estado tiene una responsabilidad enorme en la generación de condiciones para que eso suceda, pero los programas sociales selectivos son apenas una parte –una que de paso genera la mayoría de sus resultados a mediano y largo plazo-, de esa ecuación necesaria para dinamizar la economía y aumentar la inversión.

Existen otro tipo de mediciones que pueden reflejar mejor la acción del estado en la lucha contra la pobreza. Uno es el recién develado Índice de Pobreza Multidimensional, que incluye ámbitos como educación, vivienda y salud entre otros, en los que la acción del Estado es mas evidente. En el caso del IPM,  los datos indican que el porcentaje de familias consideradas pobres se redujo de 26,7% a 21,7% en el período 2010-2014 (en el 2015 se mantuvo sin cambio), un resultado a todas luces estimulante, sobre todo si se considera el esfuerzo que se hizo para sostener la inversión social en tiempos de estrechez fiscal.

Existe otro método, el de Necesidades Básicas Insatisfechas, que analiza posibles carencias que tienen las familias en educación, albergue y otros ámbitos, en el que también es claramente identificable la verdadera efectividad de los programas sociale selectivos. Según la serie histórica de esta medición, del año 2000 al año 2011 el porcentaje de familias con al menos una necesidad básica insatisfecha se redujo 11,5%, acorde al aumento sostenido que ha sufrido la inversión social.

Cualquier debate sobre el efecto de los programas sociales selectivos debería incluir estos elementos. Uno entiende que hay gente que no cree en el Estado y quisiera reducirlo a su mínima expresión, pero sin considerar estos puntos no es posible tener una discusión razonable.

******************************************************************************

El próximo 6 de diciembre se celebran elecciones parlamentarias en Venezuela. Después de casi dos décadas de control mayoritario de los poderes del Estado, el oficialismo parece estar a las puertas de perder la mayoría legislativa, en momentos en que el modelo exhibe enormes carencias. Para algunos, en estas elecciones no solo se juega el futuro de Venezuela, sino además la confirmación de una tendencia que algunos consideran comenzó con la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argentinas: el principio del fin de los movimientos populistas en el sur del continente.

Pocos países enfrentan un clima de polarización política y social como Venezuela. Fui testigo de esto hace unos años, cuando hice una pregunta casual sobre el estado de la situación a dos personas de estratos sociales diferentes, provocando una enardecida discusión que en algún momento pensé iba a terminar a puñetazos. Y se trataba de dos personas que antes de mi pregunta conversaban cordialmente, sin imaginarme yo que podían llegar, unos minutos después, a gritarse, nariz con nariz, en un estado de exaltación inquietante.

El resultado de estas elecciones podría detonar una crisis enorme en Venezuela.  Una victoria de la oposición, como apuntan las encuestas, de seguro generará una reacción durísima del régimen. Una victoria del oficialismo sin duda generará dudas sobre la integridad del proceso. No es buena señal, desafortunadamente, que el gobierno no haya permitido una misión de observación electoral de la OEA, aceptando solo la de UNASUR. Pero uno esperaría, a la luz de la posición valiente del nuevo Secretario General de la OEA, que la comunidad internacional no se quede impávida ante lo que pase.

Ojalá que no aparezca la violencia. Pero si el resultado va a generar reacciones como la que generó mi pregunta hace unos años, el panorama no es alentador.

domingo, 22 de noviembre de 2015

Construir más rápido es urgente; el gobierno decide patear la bola de la reforma fiscal

El ministro del MOPT defiende el ritmo de ejecución de los préstamos internacionales obtenidos para el desarrollo de infraestructura. Señala, correctamente, que un proyecto de este tipo no comienza con la construcción de la obra, sino que requiere de una serie de acciones previas que no son visibles,  lo que refuerza la sensación de que no se hace nada o se actúa con indolencia.

Hay una gran cantidad de actividades que deben ejecutarse previo al inicio de una construcción. Incluso esas actividades normalmente toman mas tiempo que la concreción misma del proyecto. Usualmente la gente no tiene ni idea de la complejidad de estos procesos, por lo que juzga con un alto grado de desconocimiento, al que por cierto abonan algunos formadores de opinión, que atribuyen simplistamente a la “falta de voluntad” cualquier retraso.

Lo que no se menciona es que muchas veces el tiempo que toman las actividades previas al inicio de la fase constructiva están fuera del control de los responsables. Hay muchos plazos estipulados por la ley, instituciones que deben pronunciarse y que tienen a su vez plazos máximos que normalmente utilizan en su totalidad, como la misma Contraloría General de la República, que usualmente se toma la totalidad de  los 30 días que tiene para refrendar contratos.

También puede ser que esas instituciones soliciten información adicional, que es exigida por sus propios ordenamientos jurídicos; las del sector ambiental son un claro ejemplo de esto. De la misma manera los organismos internacionales solicitan el cumplimiento de ciertos requisitos que derivan de sus propias regulaciones, y normalmente estos no son sencillos o pueden cumplirse de manera expedita.

También es cierto que la negligencia y la politiquería puede atrasar innecesariamente los proyectos de infraestructura. Ahí está el ejemplo de la carretera a Limón, la que el gobierno actual rechazaba en campaña, pero que terminó aceptando en su forma original –sin hacerle ningún de los cambios que según ellos eran necesarios-, después de dejar pasar 18 meses sin acción.

Cambiar esto pasa por dos ámbitos: primero, reformar integralmente los procesos de contratación de la administración pública,  racionalizando los excesivos criterios de control actualmente existentes, a sabiendas que cualquier propuesta en esta dirección va a ser inmediatamente satanizada por quienes siempre ven en estos esfuerzos una intención malsana.

Lo segundo es ampliar la participación de la empresa privada, mediante emprendimientos conjuntos. Todos se maravillan de que la empresa que construyó el recién inaugurado City Mall  en Alajuela haya podido construir un paso a desnivel en mas o menos 4 meses, cuando apenas a unos kilómetros de ahí, el Estado sigue invirtiendo miles de millones de colones en el puente de la platina. Pero para poder acudir a la empresa privada, debemos saber que vamos a tener que pagar un precio adecuado.

Los costarricenses queremos vivir en mundo que no es posible: uno donde haya muchos controles para evitar que se robe, pero sin que esos controles generen mas complejidad de la cuenta. O queremos que las empresas privadas nos construyan carreteras de primer mundo en tiempo récord, pero no queremos que pagar peaje o pagar solo un peaje mínimo. Debemos entender que eso no es posible, y  que si continuamos pensando así, seguiremos sufriendo la lentitud en el desarrollo de infraestructura.

*****************************************************************************

El Gobierno anunció hace unas semanas su intención de vender $500 millones de bonos de deuda interna al Gobierno de China. Que se ofrezca ese título en particular no es coincidencia, pues no se requiere de autorización de la Asamblea Legislativa, como si la habría requerido títulos de deuda externa.

Ahora se anuncia que se negocia la venta no de $500 si no de $1000 millones. Con estos recursos el Gobierno pretende financiar mas o menos un 25% del déficit fiscal del año entrante. Pero también parece tener una implicación adicional: el gobierno, consciente de su propia debilidad, su falta de claridad y el pobre manejo político que ha exhibido en estos 18 meses, se apresta a patear la bola del problema fiscal hacia adelante,  sin ponerle mucho empeño a sus propios proyectos de reforma.

Esto deja a la oposición, de la que posiblemente saldrá el próximo gobierno en el 2018, frente a un problema enorme: la necesidad de aprobar una reforma fiscal de manera que se evite una situación extrema en el 2018, asumiendo el enorme costo político que conlleva empujar proyectos que suscitan tanto rechazo. Pero no le queda alternativa: no hacer nada ahora significará tomar medidas extremas en el 2018, año en el que, de posponerse la adopción de medidas, enfrentaremos con toda crudeza el costo de la improvisación, la confusión y la falta de liderazgo del actual gobierno. Y eso podría ser muy peligroso.

domingo, 15 de noviembre de 2015

Francia en un dilema; la presidencia y la prensa

No es mi campo, pero imposible no decir un par de cosas sobre los acontecimientos en París. Primero, el aparente cambio de estrategia de los terroristas, al atacar lo que en términos de seguridad denominan “objetivos blandos”, es decir, objetivos sin valor militar o simbólico, como había sido hasta ahora la práctica de estos grupos. Esto representa un reto enorme para los cuerpos de seguridad, que tendrán que intensificar la labor de inteligencia, y replantear algunas visiones respecto a lo que se debe hacer –cuánto hay que sacrificar-,  para poder prevenir ataques como estos.

En el caso de Francia, este ataque la pone en una encrucijada. Una sociedad que se ufana de su apertura y tolerancia, de pronto se enfrenta a la dura realidad del terrorismo. ¿Cómo preservar esa esencia cuando corrientes políticas en ascenso utilizan estos atentados para reforzar sus discursos xenofóbicos?

Ya hubo una reacción militar, mas en la línea de las respuestas estadounidenses –muchas veces criticadas por los franceses-,  y el Presidente Hollande, cuando habló, con entendible indignación, unas horas después de la masacre, sonó mas parecido a George Bush sobre los escombros del World Trade Center, que al Presidente del país de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

El otro tema es que, de confirmarse que uno de los terroristas ingresó a suelo galo haciéndose pasar como refugiado, la Unión Europea podría replantear su política de apertura. Ya en Alemania la Canciller Merkel se encontraba bajo presión de distintas fuerzas políticas para que endureciera la postura alemana frente a la oleada de refugiados provenientes de Medio Oriente.

Igual pasará en los Estados Unidos,  en donde los republicanos –y cuidado si no lo hacen algunos demócratas también-, de seguro le pedirán al Presidente Obama echar marcha atrás en la decisión del gobierno de recibir una importante cantidad de refugiados sirios. Sería una consecuencia lamentable que estos atentados terminaran cerrándole las puertas de la esperanza a miles de personas que se ven forzadas a huir de esa misma barbarie que ahora a todos nos impacta tanto.

****************************************************************************

El nivel de tensión entre la prensa y la Presidencia de la República ha venido en aumento y para confirmarlo no hace falta mas que ver los martes la conferencia de prensa después consejo de gobierno.  Y además el presidente Solís, una semana sí y otra también, evita dar declaraciones a la prensa. Del candidato risueño y cercano,  mimado de cierto sector de la prensa, ya no queda mas que el recuerdo.

Las relaciones entre prensa y política son conflictivas por naturaleza. No es diferente con este gobierno, aun cuando a veces uno tiene la impresión que el presidente y su grupo creyeron muy ingenuamente que el trato recibido por la prensa en campaña derivaba de factores objetivos, como su personalidad, su empatía, su imagen no-política. Pero a la tensión natural entre prensa y políticos, a este gobierno hay que sumarle un factor adicional: el irrespeto a la figura de la Presidencia.

El nivel de agresividad de algunos periodistas, que incluso han informado, no muy discretamente, sobre aspectos hasta ahora considerados personales de la vida de algunas figuras públicas,  denotan un cambio cualitativo en las relaciones de la prensa con Zapote, uno, desafortunadamente, que no ha sido para bien, y que podría tener consecuencias difíciles para quienes ocupen la silla presidencial u ocupen cargos públicos en el futuro.

Para quienes hemos estado en cargos de esta naturaleza no es sorpresa que la prensa sea inquisidora, a veces incluso sin entender en su totalidad la complejidad inherente al ejercicio del poder. Pero lo que está pasando con este gobierno va mas allá. Poco ayuda el ministro de Comunicación, cuyo carácter lo traiciona a menudo y lo pone en la ruta del enfrentamiento directo con sus colegas, a quienes aparentemente subestima profesionalmente, al punto de ofrecerse para “darles clases de periodismo”.

Pero tampoco ha ayudado el presidente mismo, quien no parece haber entendido que la cercanía con la gente no se construye como presidente como lo hacía en campaña electoral. El cargo se ha visto banalizado en los múltiples atuendos que ha usado, pero también en su propensión a la respuesta que pretende ser ingeniosa, pero que termina siendo insuficiente o despegada de la realidad.

Tampoco colaboran los miembros de su gabinete, con un perfil bajísimo, que no ayuda a aliviar la presión sobre Zapote, lugar en el que caen todas las interrogantes que no se contestan en los ministerios o instituciones autónomas. Ni tampoco la invisibilidad del ministro de la Presidencia, cuya ausencia se hace cada vez mas pesada para el gobierno y la Asamblea Legislativa.

Ojalá que no se siga por esta ruta del enfrentamiento y del irrespeto. Es una cuestión de preservación de la institucionalidad

domingo, 8 de noviembre de 2015

Las contradicciones no son anécdotas, fideicomisos o no fideicomisos y la protesta espontánea

La presidenta Ejecutiva de la CCSS le pide públicamente al gobierno que anule el decreto que emitió para regularizar la aplicación de la FIV en Costa Rica. El ministro de Agricultura desestima la validez de una comisión técnica integrada en Casa Presidencial para analizar el tema de la importación de aguacate de México. La Viceministra de Infraestructura considera inapropiado el mecanismo del fideicomiso para construir la carretera a San Ramón y a Cartago. El ministro de Seguridad se manifiesta en contra de la iniciativa del Ministerio de Justicia de liberar a algunos privados de libertad para aliviar el hacinamiento carcelario.

No es la primera vez que jerarcas del actual gobierno expresan posiciones contradictorias con la posición de Presidencia o la de colegas de gabinete. Denota graves problemas de coordinación interna, producto de un ausencia de comunicación interna evidente, que es responsabilidad exclusiva de Zapote. Pero probablemente el mayor problema de estas muestras de dispersión, es que a la gente parece ya no importarle. Es más, le parece anecdótico. Lo único que genera es un resignado “¿otra vez?”, expresado con una sonrisa resignada.

No podemos permitir que estas cosas parezcan triviales. La banalización de poder, especialmente el de la Presidencia, puede tener consecuencias enormes para el país. El ejercicio del poder no puede terminar convertido en una anécdota por un gobierno que un día sí y otro también parece evidenciar una indolencia inusitada para consolidar procesos básicos de coordinación y consistencia interna.

***************************************************************************

Relacionado con la posición de la Viceministra de Infraestructura respecto al fideicomiso para construir las carreteras a San Ramón y a Cartago, hay algunos elementos que vale la pena mencionar. El fideicomiso es un método adicional de financiamiento de obra, como lo son los préstamos internacionales, las concesiones y los recursos del presupuesto, entre otros. La selección de uno de estos mecanismo depende, esencialmente, del costo. ¿Para qué vamos a usar un fideicomiso cuyos recursos costarán un 6% anual si se puede optar pro un préstamo internacional que cuesta 4%?.

Ese es el primer dilema que hay que solucionar. Fideicomisos para financiar la construcción de la carretera a San Ramón y a Cartago tendrán sentido si son más baratos que si por ejemplo se dieran en concesión. Porque finalmente es el peaje lo que paga el financiamiento. Desde esta perspectiva, la selección del mecanismo no puede estar permeada de prejuicios ideológicos, sino de una objetiva valoración de los costos.

Dicho lo anterior, hay que decir también que la selección de un mecanismo de financiamiento no facilita mas o menos la ejecución de un proyecto. Hay otros factores que inciden de los que destacaría dos, uno, los procesos legales y administrativos que deben cumplirse; el otro, la voluntad de los jerarcas. Un claro ejemplo de esto último es el fideicomiso de infraestructura educativa que quedó listo en el gobierno anterior, cuya ejecución no se ha iniciado por razones que solo pueden explicarse en la falta de interés de los jerarcas del MEP.

***************************************************************************

Los organizadores de la última marcha “No más RECOPE” intentaron recoger pancartas que algunas personas llevaban en contra del presidente Solís. Es un dilema moral propiciado por la naturaleza misma de la marcha: en una protesta difusa que parece ser específica contra una institución, pero que recoge un malestar contra una situación más general, ¿es apropiado limitar el derecho de expresarse de algunas personas?.

En un marco ambiguo como este, quienes participan tienen gran libertad para definir su propia motivación para hacerlo. Así una manifestación contra RECOPE puede ser también para mucha gente una manifestación contra el gobierno, o específicamente contra el presidente. O, y tal vez en esto se hayan mostrado más elementos en la convocatoria, contra los sindicatos del sector público, a los que se ha venido señalando mediante una retórica muy peligrosa, que incluye alusiones a la violencia como se muestra en este "meme" que Leonardo Garnier colgó en su murode Facebook.

Precisamente por este tipo de cosas es que hay que pensarse bien seguir convocando este tipo de actividades. No dudo de las buenas intenciones de los que parecen ser –lo digo así porque no está del todo claro-, los organizadores de estas marchas, pero estos deben ser consciente que pueden terminar abriendo espacios para otras manifestaciones más radicales. Ojalá que no sea así.

domingo, 1 de noviembre de 2015

La huelga y la habilidad de Albino, ejecución de proyectos y el Centro Cívico de Garabito

Inevitable hacer algunos comentarios sobre la “huelga” del lunes 23.

Ante un movimiento con tan poco apoyo, con una opinión pública masivamente en contra de la huelga, el gobierno desperdició una oportunidad de oro para hacer lo correcto y fortalecerse no solo ante los gremios, sino también ante la opinión pública. Pero ver el fracaso monumental de la huelga como una oportunidad no es posible cuando se tiene a los sindicatos como aliados. Y aquí hay consistencia: quienes organizaron la fallida huelga son los mismos grupos con los que los partidos de gobierno, el PAC y el FA, suscribieron un pacto político no hace mucho. Como me dijo un colega, “no se le golpea la mesa a los amigos”. Mas si se tienen tan pocos, agregaría yo.

Por otra parte, uno no puede mas que admirar la habilidad política de Albino Vargas. Enquistado hace 20 años en la dirección de la ANEP, su preeminencia en el ámbito sindical –como lo ha demostrado una y otra vez-, no tiene ninguna relación con su capacidad de movilización.

Como bien lo evidenció La Nación, cada vez que Vargas convoca a marchas o huelgas la asistencia y el apoyo es raquítico. Este último movimiento, anunciado en medio de fanfarrias apocalípticas, resultó un fracaso estrepitoso. Pero al lograr que el gobierno firmara un acuerdo en donde simplemente se ratificaba lo que se había acordado de antemano, Albino desvió la atención hacia la actuación del gobierno, evitando cuestionamientos internos, que habrían sido mas que justificados, por el fracaso del movimiento.

Unos días después, en vez de dar cuentas a sus afiliados, el sempiterno Albino acudía tranquilo a una audiencia legislativa para hablar de otro tema. Mientras tanto, sus aliados del gobierno enfrentaban una tormenta política, la que él mismo inició. Ya llegará el momento de dar cuentas.

***************************************************************************

La Contralora General de la República cuenta una “historia de terror” sobre los problemas que enfrenta el país para ejecutar recursos para infraestructura. Aparte de que últimamente la Contralora parece sucumbir a la tentación de darle titulares a los medios, este es un tema cuya complejidad se oculta detrás de ese tipo de titular, el que comúnmente sugiere la negligencia del gobierno como la razón de que esto pase.

Lo cierto es que hacer obra pública en Costa Rica es ridículamente difícil. Los procesos de contratación, de los que por cierto es parte importante la Contraloría, están llenos de recovecos legales que hace de la ejecución de proyectos una trampa para los responsables, que tienen que actuar en muchos casos con normativa que puede ser hasta contradictoria. Si a eso se le suman los controles que agregan las entidades que conceden financiamiento, el resultado se refleja en la situación actual.

El problema además es que cualquier cambio que se proponga a la normativa es usualmente interpretado como un intento de eliminar controles para delinquir. O si se plantean alternativas como las concesiones para el desarrollo de infraestructura, el tema termina desvirtuado en medio de prejuicios ideológicos, que nunca resultan en alternativas viables.

Esto no significa que no haya negligencia o indolencia. El actual gobierno es un ejemplo. En su afán de encontrar irregularidades en donde no las había, lerdeó la ejecución de proyectos que venían en marcha. Posiblemente el caso más emblemático es el de la ruta 32, en donde el MOPT y su ministro han pasado dando vueltas por 18 meses, sin hacer ningún cambio, y finalmente aceptando el proyecto original. Y el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. ¡Empezando por San Ramón!

***************************************************************************

El viceministro de Paz del gobierno se queja que desde hace un año el Centro Cívico del cantón de Garabito, terminado a finales del gobierno anterior como un espacio para la prevención de la violencia y la delincuencia sobre todo de los jóvenes, no cuenta con modelo de gestión. No quedó claro del reportaje de Greivin Moya si no existía del todo o si mas bien no consideraban válido el que se había hecho, pero en todo caso la respuesta es… ¡hagan o corrijan el modelo de gestión!.

El argumento de “esto lo encontramos así y es culpa de otros” al que frecuentemente acudió este gobierno durante sus primeros meses ya no es creíble en casos como este. El viceministro ha tenido 18 meses para corregir lo que tenía que corregir. El objetivo final es que el Centro Cívico funcione, y si no está funcionando a toda capacidad la responsabilidad recae enteramente en quienes lo han tenido a su cargo durante mas de un año. Para eso están ahí.