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Se viene un período de sesiones extraordinarias de gran importancia para el gobierno. Es, posiblemente, el único que le queda para que la discusión no esté teñida por el cálculo político, antes de que arranquen los fuegos electorales en el 2017. Pero se enfrenta a esta coyuntura debilitado y con una fracción oficialista partida. Si algún gobierno necesita la ayuda de la oposición, definitivamente es este.
Paulatinamente se ha venido dando un cambio, errático y no siempre consistente, en la actitud del gobierno respecto a los partidos de oposición. Solís, desafortunadamente, desaprovechó la oportunidad que le daba un resultado electoral contundente, y en vez de elevarse sobre la pequeñez del envanecimiento personal, dedicó los primeros meses de gestión a atacar a sus adversarios políticos, siendo el punto culminante el sainete de los 100 días, que como se sabe no produjo ninguna acusación formal.
Pero, confrontado con su propia debilidad, política y conceptual, habiendo dilapidado en apenas 18 meses el apoyo de la gente, y con la carga enorme de la decepción y el enojo ciudadano, el gobierno ha venido bajando el tono, y por primera vez, ya con el agua al cuello y despues de un primer año improductivo en la Asamblea, hace gestos concretos que posiblemente permitan mejorar el clima político.
Hay una primera señal positiva: la anuencia a impulsar 3 proyectos destinados a controlar el crecimiento del gasto público en salarios, uno presentado por MIDEPLAN, dirigido a cambiar la forma en que se evalúa el desempeño de los funcionarios, como requisito previo a recibir el pago de anualidad; otro, presentado por el PUSC, que pretende establecer un tope máximo a los salarios; y finalmente, uno del PLN, cuyo objetivo es ordenar los denominados pluses salariales, estableciendo parámetros que permitan la homogeneización de los diferentes sistemas existentes.
Es de esperarse que el debate de estos proyectos sea complicado, dada la previsible oposición del Frente Amplio. Y la discusión se hace aun mas compleja dada esa división en la fracción oficialista, en donde hay diputados mas cercanos a las posiciones del FA. Recordemos que la Presidenta del PAC y el jefe de fracción oficialista, firmaron un pacto con el FA y los sindicatos del sector público, en donde la oposición a una eventual equiparación de pluses salariales era uno de sus puntos prominentes.
Pero habiendo el gobierno accedido, aunque sea después de haber perdido un tiempo valioso, a la discusión de proyectos dirigidos al control del gasto, se abren las puertas para una discusión más amplia sobre impuestos. Desde esta perspectiva, la convocatoria de un proyecto para reinstaurar el impuesto a las sociedades anónimas será, espero yo, recibida positivamente en la Asamblea Legislativa, y su pronta aprobación permitirá restaurarle al Ministerio de Seguridad Pública los recursos que le recortara el fallo de la Sala Constitucional.
Una sugerencia: que se tome la previsión de que parte de esos recursos, sin que se definan porcentajes para no introducir rigideces innecesarias, puedan ser destinados a los programas de prevención que desarrolla el Viceministerio de Paz, y no perder así el impulso que estas iniciativas traían del gobierno anterior.
Ojalá que el gobierno siga actuando consciente de su propia debilidad y respetando a la oposición. Es la única manera que tiene para poder concretar algunas iniciativas que el país requiere.
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La reacción de algunas personas ante la absolutoria del expresidente Miguel Angel Rodríguez ha sido en al línea de cuestionar que se le absuelva por “un tecnicismo”. “La prueba”, dicen quienes así se expresan, “demostraba la culpabilidad y por lo tanto no debió ser eliminada, sin importar como fue obtenida”.
No es cierto. La forma en que obtienen las pruebas es consustancial al proceso judicial. El que existan parámetros mínimos que deben ser respetados, es una protección irrenunciable que tenemos todos ante los excesos que puedan cometer las autoridades. El debido proceso no es una excusa para permitir la impunidad, es un seguro que todos tenemos y debemos defender.
Pero según algunos, esto no es importante, porque en su mente el acusado era culpable. Para algunos, su condición de político prominente determina una presunción de culpabilidad automática. Es como si se revirtiera el principio y ahora toda persona, sobre todo si es un político, es culpable hasta que demuestre lo contrario.
Aplicando esa lógica, una absolutoria solo es explicable, por la complicidad de jueces, atrapados por los tentáculos del poder, nunca de una aplicación racional de la ley, la que, de paso muchos de esos críticos desconocen. Esta forma de pensar no solo es temeraria, sino que mina injustificadamente la credibilidad del Poder Judicial. En este sentido, es igual de irresponsable repetir estos argumentos sin conocer bien el proceso, como cuando lo hacen personas que, pese a su preparación profesional, han encontrado en la repetición elaborada de los peores prejuicios, una forma para seguir teniendo vigencia en algunos medios.
Lo cierto es que la protección del derecho a un juicio justo, en donde todos los actores cumplan con los requisitos establecidos, es algo que todos debemos apoyar. Incluso cuando la persona que recibe esa protección sea un político. Nos conviene a todos.
