Las deudas de los candidatos, beligerancia en la DIS y el diputado Henry Mora

Esta semana varios medios de comunicación informaron sobre la morosidad de 2145 candidatos a puestos en las municipalidades. La Nación incluso publica una llamativa portada con las fotos de los mayores deudores. El dato por supuesto es relevante, pero peligrosamente incompleto, y la generalización en un tema tan delicado le hace un gran daño a la democracia.

Está claro que nadie debería tener deudas  con la CCSS. Pero las notas de prensa sobre la cantidad de morosos postulándose para puestos de elección en las municipalidades, confirmadas con una gran ligereza en redes sociales por la misma Caja, son, en el mejor de los casos, omisas. 

Habrá muchos de los aludidos que son unos irresponsables, pero estoy seguro que también hay explicaciones válidas que nunca conoceremos. La Nación hace un tímido intento y le da espacio a una decena de candidatos, a todas luces insuficiente para contrarrestar el impacto que la noticia generalizada ya debe haber causado en el ánimo de los votantes.

En un editorial de esta misma semana, y en defensa de uno de sus accionistas, La Nación sostiene que los “presuntos” periodistas que informaron sobre el tema de una presunta venta de propiedades a las FARC, “… no hicieron el menor intento de obtener una declaración de  los Terán o de La Nación, ni de constatar con las autoridades si efectivamente hay una investigación en curso. El periodismo infame no respeta las más elementales normas de la profesión que denigra.” 

Pues bueno, esa misma indefensión en la que los Terán quedaron por lo que La Nación llama “periodismo infame”, es la misma en la que quedaron los 2145 personas cuya versión sobre los hechos posiblemente nunca tendremos. Ni mas ni menos.

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¿Qué es lo que pasa con la DIS? O mas bien, ¿por qué no pasa nada con la DIS? No hablemos siquiera de la absurda promesa, estrepitosamente incumplida, de cerrar esta institución, sino mas bien de las cosas que han venido pasando que no generan ninguna responsabilidad.

Primero fue el anuncio impensado de la presencia del supuesto paso de militantes de ISIS por territorio nacional, que después fue desmentido sin mayores explicaciones. Luego, el tránsito de 5 sirios ilegales de los que la población tuvo noticia hasta que Honduras los detuvo. Luego, un informe de la presencia de los hijos del Chapo Guzmán en Costa Rica, informe que el Director en primera instancia desestimó diciendo que “no tenía información” sobre el tema, aun cuando la información fue luego confirmada por su subdirector.

Ahora el TSE anuncia que investiga al Director de la DIS por una donación de dinero a un partido político, que forma parte de la alianza oficialista, en abierta violación del deber de neutralidad que deben observar los cuerpos policiales. Mariano Figueres se defiende diciendo que la prohibición de participar en política no le alcanza, porque la DIS no es un cuerpo policial. Pero mas allá de que el artículo 6 de la Ley de Policía incluye expresamente a la DIS, una persona que dirige una entidad con información tan sensible debería observar una conducta intachable.

Si se demuestra que hubo beligerancia política, el presidente debe destituir al Director. Pero si lo que ha pasado hasta ahora es indicativo de lo que puede pasar en el futuro, el asunto será enterrado y seguiremos en lo mismo.

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El diputado Henry Mora desafía nuestra capacidad de asombro. Primero, le creó una plaza a la medida a una copartidaria, hecho por el cual fue condenado por la Procuraduría de la Ética y se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público. Luego, forzó la aprobación de un presupuesto violando la Constitución, y por eso fue condenado por la Sala Constitucional. 

Pese a estos antecedentes, intentó, no sabe uno bajo qué razonamiento, reelegirse como Presidente de la Asamblea, candidatura cuyo rechazo precipitó la alianza opositora que le arrebató el control del directorio legislativo a la alianza oficialista PAC-FA.

Ahora Mora vuelve a las andadas, arremetiendo, no en contra de su partido, sino en contra de sus electores. El Código de Ética del PAC, según Mora, es “puritano, fariseo y absurdo”. Para probarlo, acudiendo a una línea de argumentación muy particular, utilizó un vehículo de la Asamblea Legislativa, cosa expresamente prohibida por ese Código cuyo cumplimiento Mora aceptó como requisito para aspirar a su cargo.

Ahora le corresponde a las estructuras partidarias manifestarse, no solo acerca de la flagrante violación del Código, sino además sobre el desprecio de Mora a sus electores, una gran parte de los cuales votaron, entre otras cosas, por la oferta ética del PAC. En realidad el diputado no debería esperar ningún pronunciamiento, y como mínimo correspondería declararse diputado independiente, si no es que debería irse para la casa. Pero, después de lo que nos ha mostrado a lo largo de estos 20 meses, sería mucho esperar que esto sucediera.

El MOPT, Kate y Sean, y C.E.R.R.A.R

Se fue el ministro Segnini, en lo que parece ser la crónica de una muerte anunciada. De primera entrada, la idea de nombrar un abogado para liderar este ministerio, contrario sensu de lo que pensaba la mayoría, parecía apropiada, porque el MOPT necesita una reingeniería legal profunda. El presidente Solís anuncia que nombrará a “un ingeniero”, para que se ejecuten las obras pendientes, mostrando nuevamente que, pese a acercarse a la marca de los dos años de gobierno, aparentemente sigue desconociendo el funcionamiento del estado costarricense.

Mientras no se reformen los procedimientos de contratación pública, el país seguirá durando años para construir carreteras y desarrollar infraestructura en general. El sistema está trabado en muchos puntos, y es imprescindible cortar esos nudos gordianos antes de ponerse a prometer nada en este campo.

Lo cierto es que el nuevo ministro no tendrá oportunidad de concretar nada nuevo en el tiempo que le queda a este gobierno. Conque termine de ejecutar lo que viene en marcha de gobiernos anteriores, ya podría sentirse satisfecho. No porque no tenga el entusiasmo o la capacidad para hacerlo, sino porque el sistema es tan complejo, que le tomará por lo menos 6 meses entender cómo se mueven las cosas, período en el que posiblemente no esté dispuesto a ponerle la firma a nada que pueda comprometerlo.

Porque quien vaya a asumir este cargo, debe saber que la mayoría de sus predecesores, sobre todo aquellos que intentaron concretar proyectos, han sido objeto de acusaciones de diversa índole, acusaciones de las que se defienden aun ahora, pasados muchos años después de haber dejado el cargo. Lo mejor es dedicarse a reformar el MOPT. El país lo agradecería mucho.

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Hace unos días ví el documental “Cartel Land”, que retrata con enorme crudeza la violencia y el clima de inseguridad imperante en la frontera entre EEUU y México, resultado de la acción de los carteles de la droga y de grupos de vigilantes ciudadanos a ambos lados de la frontera. Lo que viven los ciudadanos atrapados en medio del fuego cruzado entre milicias, narcos, policía y ejército, es una tragedia de proporciones abrumadoras.

Precisamente por eso es que la saga de del Castillo-El Chapo-Penn me ha parecido de lo mas desagradable. Durante las semanas posteriores a la captura de El Chapo, la discusión se ha centrado, como era de esperarse cuando se involucran personas de la farándula sin ningún criterio, en lo superficial, trivializando un tema delicado, irrespetando a las miles de víctimas de la violencia, y mostrando la verdadera esencia de los involucrados.

Lo peor que puede pasar con un tema como este, es que termine siendo objeto de un pésimo artículo en Rolling Stone, o el tema del día en las revistas de farándula o sensacionalistas. Del Castillo y Penn, una, jugando con fuego atizando una relación de amor adolescente con un prófugo de la justicia, y el otro, presa de una activismo mal entendido, que lo ha llevado a hacer el ridículo repetidamente en campos que evidentemente no entiende. Mejor que se dediquen a su profesión, y dejen de irrespetar a gente que ha sufrido tanto.

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El legislador Ottón Solís presentó un proyecto, con el desafortunado acrónimo de “C.E.R.R.A.R”, para “cerrar instituciones, eliminar duplicaciones, reunificar funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la pobreza”. El tema ha generado instantáneamente un debate que pareciera dirigirse a los lugares comunes, siendo uno que requiere de mucha serenidad y equilibrio.

Ya en otra entrada de este blog había mencionado el verdadero impacto de los programas sociales, en los que el país invierte recursos equivalentes a poco mas del 20% del PIB. Y esto es importante porque se puede creer que esos programas son un fracaso total y por lo tanto se justifica cualquier reingeniería. En la construcción de esa sombrilla de protección social que distingue a Costa Rica, se ha invertido mucho durante mucho tiempo, y desestimar esta experiencia por las razones equivocadas sería peligrosísimo.

Hace unos años, el recordado investigador Carlos Sojo había realizado, conjuntamente con el Dr. Manuel Barahona, un estudio sobre las supuestas duplicidades en el sector social. Los resultados no fueron lo que se esperaban: las duplicidades no eran tan dramáticas como la gente cree. Ese estudio debe estar todavía en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que fue el ente que lo contrató en el marco de una discusión alrededor de la efectividad de las políticas sociales.

Claro que es importante detectar posibles duplicidades, desperdicio y manejo clientelista de la ayuda social. Pero si hay alguna discusión que debe llevarse con mucha mesura, contando con todos los elementos necesarios, y sin escuchar los cantos de sirena de quienes en realidad lo que quieren es desmantelar el estado, es esta.